En Mar del Plata, desde que empezó el año, hubo cinco ataques de grupos que se identifican con el nazismo y el fascismo. Golpean, pintan esvásticas y amenazan. Están denunciados y sus nombres no son un enigma de resolver. La Asamblea por una Sociedad sin Fascismo (“sin fascismo: ni en contra ni anti”) hizo un informe para poner al tanto a la Municipalidad de General Pueyrredón sobre los delitos de estas organizaciones. Son los mismos que salieron en SOY en otros números por decirle a Javier Moreno, presidente de AMADI (Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad), que lo iban a acuchillar. Y los mismos que en diciembre dejaron inconsciente de una golpiza a Juan Martín Navarro mientras gritaban “puto de mierda, hay que matarlo”.

La Asamblea tiene la adhesión de unos 80 funcionarios públicos y organizaciones de derechos humanos. “En los últimos 5 años registramos el accionar de estos grupos, de quienes los integran, así como sus ramificaciones y vinculaciones. No se pueden circunscribir estos actos violentos a peleas entre tribus urbanas o considerarlos hechos aislados, son crímenes cometidos en asociación ilícita por motivaciones fundadas en la discriminación étnica, religiosa, de género y/o ideológica”, denuncian. Los grupos identificados son cinco: Foro Nacional Patriótico (FONAPA), La Giachino, Frente Skinhead Buenos Aires, Bandera Negra y Rosas Rojas. Los episodios violentos que registran en el periodo de los últimos cinco años son 33.

“La gran cantidad de denuncias permanecen sin esclarecer pese a las presentaciones en comisarías, fiscalías, juzgados, entes municipales y las recientes repercusiones mediáticas”, dice el documento. Y exige: “Los poderes del Estado deben asumir el compromiso ante los aberrantes hechos que este informe describe y actuar acorde a las responsabilidades que le corresponden, siendo las autoridades políticas quienes en primer lugar deben liderar la lucha contra el fascismo en un Estado democrático”. En el ataque de diciembre se ensañaron. Juan Martín Navarro estuvo tres días internado como NN porque los golpeadores le robaron la billetera y el documento, le partieron el tabique y le pegaron con caños de PVC por todo el cuerpo. No era la primera vez que usaban esos caños: en noviembre le dieron por la cabeza a un grupo de punks de “Acción Antifascista” que se juntan en la plaza España, cerca de las playas de La Perla. Si alguien tiene tiempo para preparar cemento y ponerlo dentro de caños, es una prueba de que los ataques son premeditados.

El informe muestra que entre 2014 y 2015 se intensificaron los ataques a las personas trans, especialmente las que se prostituyen: “Uno de los casos más violentos fue el de Astrid, una mujer trans extranjera que fue golpeada en la cabeza con una piedra, desnudada y luego en el piso le arrojaron otra piedra de gran tamaño, que le fracturó la mandíbula en varias partes”. Para que la municipalidad tenga a mano las pruebas, la Asamblea adjuntó al informe las denuncias penales, fotos, videos y registros de los diferentes reclamos. También figura una lista con los nombres de unas 40 personas que integran las organizaciones, entre las que aparecen policías –tanto retirados como en ejercicio–, y Carlos Pampillón, embargado por la autoría intelectual de diferentes ataques a sitios de Memoria y protagonista de los episodios violentos frente a la catedral en el último Encuentro Nacional de Mujeres.

“Nuestro reclamo tiene amparo en el marco del compromiso internacional asumido el 13 de noviembre de 2015, en el que la República Argentina suscribió a la resolución de la Tercera Comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas para ‘combatir la glorificación del nazismo, neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia’”, dice la Asamblea. En enero, la diputada provincial María Alejandra Martínez (FpV) presentó en Cámara bonaerense un proyecto de repudio y preocupación. Se suma al de la diputada nacional Fernanda Raverta (FpV), que envió un escrito a la Fiscalía General de Mar del Plata exponiendo su preocupación. Lo que se espera en la Asamblea es que las causas empiecen a tener resultados en la justicia, ya que hay registro de casos no denunciados por miedo a represalias.