Sobre la mesa hay un libro de Evita y otro de la AMIA, en las ediciones homenaje que fueron publicadas por la Legislatura porteña en tapas duras y un papel que no le envidia nada a los catálogos más lujosos. Hacia agosto, al cumplirse 20 años de la muerte de Carlos Jáuregui, un ensayo del mismo estilo será publicado en esta colección como iniciativa del legislador Maximiliano Ferraro, que renovó su banca hasta 2019 al ganar las elecciones con la alianza ECO. Tras acompañar en las nacionales a Cambiemos, el lugar que tiene en la Legislatura es clave: podría tener el apoyo de las mayorías. “Mis proyectos por separado persiguen un mismo objetivo que es la ampliación de derechos de la sociedad y, dentro de esa ampliación, aparece lo vinculado al colectivo LGBTI. Voy a estar trabajando para buscar consensos”, dijo a SOY Ferraro.

¿En qué está el proyecto de cupo trans para la Ciudad?

-En tratamiento en comisiones, sigue en estado parlamentario. Queremos debatir de manera seria ese proyecto que tiene que ver con la inclusión en el trabajo para no solo circunscribirlo a la administración o el empleo público, porque también esa inclusión al mundo del trabajo se puede dar con un compromiso del sector privado. Para lograrlo en lo privado debemos pensar en incentivos, ya que hay empresas que están incorporando la mirada de diversidad y que están poniendo responsables vinculados al tema. Otro aspecto a revisar es no ofrecer como única opción un curso de peluquería o maquillaje. Tiene que estimularse una mirada que permita la ampliación y no circunscribirla, que no seamos nosotros como legisladores o el Poder Ejecutivo quien delimite o marque hacia un lado la elección de dónde quiere trabajar cada cual.

¿Podría aprobarse este año?

-Creo que vamos a tener la posibilidad de ponerlo en debate. Y en ese sentido también rescato y reivindico el trabajo de las organizaciones y de la sociedad civil, porque no es solo una cuestión de la política partidaria poner en agenda y visibilizar los temas a discutir.

Desde la presidencia hablan de “reorganización” y “áreas superpobladas” para referirse a despidos. Y parte de esas áreas están relacionadas al colectivo LGBTI. Hace unas semanas, por ejemplo, pasó en el INADI. ¿Cuál es tu posición sobre esto?

-No estoy de acuerdo con despidos injustificados de personas que venían trabajando hace años, y no me refiero solo en lo vinculado a lo LGBTI. Pero hay que tener cierta lógica política partidaria, ya que en los últimos tres o cuatro meses se inflaron ciertos lugares del Estado y eso también generó una limitación a los funcionarios que han llegado y que ha designado el gobierno que fue electo por el voto popular. Lo que recomendaría en el INADI como en los demás casos es sentarse las distintas partes, tanto los gremios como las organizaciones y los funcionarios, y trabajar en quiénes realmente cumplían una función y quiénes entraron en el último tiempo como si el Estado fuera propiedad del funcionario que se iba.

El INADI es solo un caso.

-Es más general, pero esto se dio como una práctica. No estoy defendiendo los despidos porque creo que hay que revisar lo que es realmente injusto. Ahora, en los últimos diez meses hubo un incremento del casi 25 por ciento en convenios con universidades, locaciones de servicio, plantas transitorias. En cualquier país serio que quieras tomar eso en un periodo de transición de un gobierno a otro no lo podés hacer. Es verdad que es generalizado, pero porque la práctica de contratación también fue generalizada. Hay que rever y estamos pidiendo a los funcionarios que hagan el esfuerzo de analizar cada caso. Por más que pertenezca al gobierno de Cambiemos tengo mi posición crítica.

Ferraro tiene 40 años y empezó militando a los 14 en los centros de estudiantes de la UCR contra las leyes de Educación Superior y de federalización educativa del menemismo, que siguieron los lineamientos del Banco Mundial y combinaron varios desastres para lxs estudiantes y de precarización para lxs maestrxs. En la elección porteña de 2011, encabezó la lista de legisladores por la CC-ARI y desde entonces presentó 349 proyectos y es coautor de 114. En su despacho hay una foto de Elisa Carrió, que fue la presidenciable por su partido en 2015 y quien dijo “va a haber fraude” (dos días antes que ganara Macri con el 51.34 por ciento). Todos lo llaman “Maxi” y él cuenta que el devenir de su identidad se dio sin dificultades y que no fue discriminado por su orientación. Una línea de su currículum: “Sé muy bien quién es Moyano pero también quiénes son los Chemical Brothers. Tengo muchas marchas encima y también algunas Creamfields”. Dice que viaja en subte y uno de sus proyectos de ley para este año es que la estación en Pueyrredón y Santa Fe, de la línea H, se llame Carlos Jáuregui. A fines de febrero, fue designado como presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura. ¿Se propondrá algo para modificar los lineamientos heteros en las escuelas?

-Los manuales de escuela tienen una mirada muy heteronormativa. Por ejemplo cuando hablan de familia siempre refieren a una fórmula y para mí lo preferible es hablar de distintos tipos de familias. Eso está para trabajar en el seno de la Comisión, pero hay un límite y es que no tiene la facultad de entrometerse en la currícula ya que eso está reservado al Ministerio de Educación. No quita que podamos presentar proyectos para cambiar ciertos paradigmas. Parte de mi trabajo va a ser que la educación, como una política central del porvenir, sea constructora de ciudadanías plenas.

Entre tus proyectos está incorporar los testeos rápidos de VIH, que ya se están haciendo en algunas organizaciones civiles y hospitales, pero no en todos. ¿Qué es lo que falta?

-Buscamos que este tipo de tests se realicen de forma institucional y sean una política del Ministerio de Salud de la Ciudad. Esto no es un tema que compete al colectivo LGBTI en exclusivo sino que es para todos. Y quiero hacer la salvedad porque cuando discutimos la ley de donación de sangre en la Ciudad, de la que soy autor (se aprobó en 2015 y gracias a ella el donante no debe decir con quién se acostó), pareciera ser que en algunos sectores médicos, políticos y de la sociedad se seguía estigmatizando y vinculando al VIH como una cuestión solamente del colectivo LGBTI: es un compromiso para asumir en una dimensión mucho más amplia.

¿De qué trata el proyecto de la casa para adultos mayores LGBTI?

-Por ahí se nos critica a quienes pensamos políticas LGBTI de crear ciertos guetos para el colectivo. Pero es otro el paradigma. Hay que entender que muchas veces el colectivo LGBTI fue vulnerado en sus derechos y quedó por fuera del acceso al trabajo, a la salud, etc. Reparar es una responsabilidad del Estado. Sabemos que la casa de adultos mayores no es para una población muy amplia, pero que hay muchas personas a las que les vendrá bien. El proyecto incluye actividades culturales, salud y todo lo que esté vinculado a la población que pueda residir estas casas.

Muchas de las organizaciones LGBTI no apoyaron ni apoyan a Macri, fueron a la Marcha del Orgullo con la consigna “Macri No”. ¿Cómo creés que se podrá lograr un consenso ante este descontento?

-Respeto la opinión individual y colectiva de cada una de las organizaciones. Sé que no han acompañado a Cambiemos en las elecciones pero eso no invalida que podamos trabajar juntos. Pertenecer a un partido político o a una alianza no me impidió trabajar con María Rachid, Marcela Romero, Esteban Paulón, Martín Canevaro y Cesar Cigliutti, entre tantos. El colectivo LGBTI, desde lo político partidario de las organizaciones de la sociedad civil, tiene como desafío la responsabilidad de trabajar transversalmente ciertos temas. Así fue con el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Por supuesto estuve en la Marcha del Orgullo y no compartí esa consigna: a mí una consigna o una bandera no me va a sacar de un lugar en el que quiero estar. Pienso que es importante volver a rescatar esa pluralidad que tuvo la primera marcha, de la que este año se cumplen 25 años y de la que vamos a presentar una resolución de interés.

La semana pasada se lanzó la llamada Mesa Nacional de Cambiemos Diversidad (CC/ARI + UCR + Unión PRO), que como una de sus primeras iniciativas llevó al Congreso nacional un proyecto de ley anti discriminación para reemplazar la 23.592, que data de 1988 y “estuvo inspirada en una concepción mayormente sancionatoria y condenatoria de los actos discriminatorios pero sin interpelar la matriz cultural que genera y reproduce la discriminación”. La Mesa aclara que el Proyecto “fue generado a partir del trabajo mancomunado de los espacios de diversidad y DDHH de las fuerzas que componen el mencionado bloque, tomando en cuenta los debates y posturas de las organizaciones sociales generados en comisiones anteriores, previa a la caída del estado parlamentario del proyecto anterior”. Cambiemos Diversidad invita a contactarse y preguntar vía la cuenta de Twitter @CambiemosDivNac