Con Diana aprendimos las muchas luchas que caben en un cuerpo-territorio insurrecto. Diana se identificaba como travesti, como pueblo originario, como piba pobre de Laferrere, como feminista, como revolucionaria. Era divertida, rebelde, comprometida. Ponía su cuerpo en las muchas batallas de las tantas identidades de oprimidas que vivía como propias. Daba su vida todos los días en una desigual pelea contra los machos fachos del barrio, contra la institución policial, que una y otra vez la encarcelaba, la torturaba, contra las instituciones que criminalizan a lxs pobrxs y a lxs cuerpos disidentes, contra los proxenetas y el sistema prostituyente.

Su asesinato es un travesticidio. Es un crimen de odio y como tal debe ser entendido por el sistema judicial y político. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada”. Lohana Berkins escribía al enterarse del asesinato de su compañera: “¿Cuántas veces se investigan los asesinatos de las travas? Es la misma impunidad con la que el candidato del PRO a la intendencia de La Plata dijo que no daría trabajo a las travestis que les daría un médico. Las consecuencias son las mismas, incrementar el odio, legitimarlo. Hay que terminar con estas frases que, dichas risueñamente para que ‘entren mejor’, juegan con nuestras vidas”. Diana fue una de las primeras travestis en recibir su documento de identidad de mano de la ex presidenta de la Nación. Su asesinato exige que el sistema judicial comience a estar a la altura de las circunstancias y no primen discriminaciones y acceso desigual a la justicia. Ella luchaba por el acceso a la educación y al trabajo de la comunidad travesti, “tra(v)ajo” escribía y había comenzado una campaña para que se implemente la Ley de cupo laboral travesti en la administración pública. Sus luchas continuarán. Ellas no mueren. El esclarecimiento, castigo de los culpables y actuación del Estado en el caso es nuestra lucha para que la justicia exprese que un crimen de odio es social y es político.