El 19 de agosto se hizo pública la creación de un centro de detención para migrantes, como resultado de un accionar conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones. Con el objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”, se pondrá en vigencia un convenio en el que las fuerzas represivas, en articulación con la Dirección Nacional de Migraciones, podrán disponer de un espacio en el que demorar y retener a personas migrantes a fin de rectificar su situación administrativa o, en caso de infracciones a la Ley de Migraciones, expedir órdenes de expulsión. Lo que abre un escenario de cantada violación de Derechos Humanos. La inseguridad nada tiene que ver con la migración. Su criminalización es otro modo de responsabilizar a los sectores populares de lo que en realidad es resultado de las políticas de desigualdad y violencia racista del macrismo.

Migrar es un derecho de todxs

Recibimos con preocupación y alarma el anuncio de esta nueva política pública. En consonancia con un proyecto político cultural como el gestionado por el gobierno macrista, esta política dispondrá, nuevamente, de recursos y fondos estatales para el diseño de políticas represivas que persiguen y criminalizan a los sectores populares, especialmente a migrantes pobres. Es importante señalar que el conjunto de estas políticas se enmarcan en la supuesta “Guerra contra el narcotráfico”, un proyecto hipócrita que en nombre de la seguridad capitalista, avanza en la militarización del espacio público y control de las fronteras, en la regulación obsesiva de los cuerpos, en la persecución racista de nuestras comunidades y en la extensión de la vigilancia y el control sobre nuestros modos de vida.

¿Cómo afecta esto a nuestra comunidad?

Desde hace muchísimos años Argentina, y muchas de sus ciudades capitales, han sido lugares de asilo, contención y realización para aquellas personas lgbti cuyos lugares de origen se volvían paisajes asfixiantes para el ejercicio de su libertad sexual y genérica. Sin embargo hoy las políticas neoliberales de Cambiemos parecen sólo permitir fronteras abiertas para el capital financiero internacional. Y hasta pueden volverse gay-friendly si de emprendimientos turísticos-comerciales se trata (aunque terminen matizando la apertura con dichos fascistas y homófobos como los de Monseñor Aguer).

Pero nuestros cortes de clase y de raza escapan del nicho de mercado rentable. Para muchas de nuestras existencias precarias, la migración para conseguir trabajo, para hacer la vida un poco más vivible, aparece como el único camino posible. Hace poco nos encontrábamos en la calle exigiendo “¡Basta de Criminalizar a la comunidad trans migrante!” y pedíamos justicia y libertad por la compañera Claudia Córdova detenida de forma ilegal en la ciudad de La Plata, a través de un fallo xenófobo que explícitamente enunciaba como agravante su origen peruano. Como sabemos, y como se ha denunciado sistemáticamente, la comunidad trans migrante termina siendo perseguida y responsabilizada por el negocio del narcotráfico, en el que las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales-nacionales están involucrados. Del mismo modo, vienen sentando precedente el hostigamiento policial a manterxs senegaleses en el barrio porteño de Flores y a miembrxs de la comunidad boliviana que intentan mantener sus puestos callejeros en Liniers.

Desde la Colectiva Lohana Berkins repudiamos esta iniciativa como lo que es, una muestra más de la cara neoliberal conservadora de este gobierno.