Durante diez años, Marcela Romero luchó por llamarse Marcela Romero. Diez años en los que la Justicia y la burocracia estatal la obligaron a someterse a peritajes con médicos, psiquiatras y psicólogos, a presentar recursos y testigos, a demostrar una y otra vez que el nombre masculino en su DNI estaba equivocado. Recién esta semana, luego de diez años de idas y vueltas en los que no se cansó de luchar en nombre propio y de todas las personas trans a las que se les sigue negando su identidad de género, ella, Marcela Romero, la misma que a los 14 años abandonó el colegio porque la obligaban a mostrarse masculina, y que de grande decidió viajar a Chile para realizarse una cirugía de reasignación de sexo; la misma que desde 2005 es coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), y que también se desempeña como vicepresidenta de la Federación Argentina LGBT, pudo ir a buscar al Registro Nacional de las Personas su nuevo documento.

Así se convirtió en una de las diez personas que han conseguido en el país un fallo judicial favorable frente al pedido de “rectificación de partida de nacimiento”, lo que habilita los cambios en el DNI, sentando un nuevo antecedente para que se termine con el vacío legal que impide a travestis y transexuales el reconocimiento legal de sus identidades. Algo por lo que Marcela luchó durante los diez largos años que le llevaron al Juzgado de Familia Nº 3 de San Martín expedirse en su caso, y por lo que obviamente seguirá luchando hasta tanto el Poder Legislativo no sancione una ley de identidad de género que permita a las personas en su misma condición ahorrarse los trastornos burocráticos y periciales que ella padeció todo este tiempo.

“Son muchos los casos de solicitudes de rectificación registral de sexo y nombre que llevan años esperando una resolución, y también muchos son rechazados, dando cuenta de una situación de discriminación, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas trans no tiene posibilidades ni medios para hacer juicio”, explica la diputada socialista Silvia Augsburger en los fundamentos del proyecto de ley de identidad de género en cuya elaboración participaron activistas de Attta y de la Federación, y que cuenta con las firmas de todos los bloques en la Cámara de Diputados a excepción del PRO, mientras espera allí su tratamiento. Un proyecto que, junto con el que presentó el Inadi al Ministerio de Justicia, tiene como objetivo eliminar la instancia judicial y las pericias médicas para el cambio de identidad de género en el documento, y que de convertirse en ley le permitirá a cualquier persona trans solicitar el cambio de sus datos registrales mediante un simple trámite administrativo, sin necesidad de iniciar un juicio.