Cuando se conduce un área gubernamental con criterio puramente administrativo, despojado del sentimiento de servidor público y carente de la sabiduría y necesidad social, se cometen graves errores que se pagan muy caros. Eso ocurre en el Programa Provincial de Sida de la provincia de Buenos Aires, tanto con la población en general, las personas que viven con VIH/sida y particularmente con las personas de diversidad sexual. La provincia —no obstante ser el distrito que tiene casi el 50 por ciento de todas las personas que viven con VIH del país y con una prevalencia aproximada de entre el 12 y 14 por ciento en las personas de diversidad sexual— es una de las jurisdicciones más renuentes a tomar medidas para frenar el crecimiento de la epidemia. Un gran sector de la población más pobre de Buenos Aires no concurre a los servicios de salud, agravándose esta renuencia en el caso de poblaciones doblemente vulnerables (pobres y gay o trans, pobres y trabajadoras/res sexuales, pobres y usuarios de drogas). Distintas situaciones se conjugan para que esto sea así: por un lado, el Estado provincial, al no realizar ninguna campaña preventiva, deja abierto el espacio a mensajes de prevención nacional centrados en una política que no es específica para esta población que por lo tanto no se siente identificada con el mensaje y desconoce las ofertas de detección y asistencia precoz y/o temprana, asistencia postexposición, etc., de las que podría beneficiarse. No concurriendo a los servicios o accediendo solamente en situación extrema de salud.

Por otro lado, diversas actitudes y situaciones en los servicios de salud son sentidas desde las poblaciones de mayor prevalencia a la epidemia del VIH como discriminantes y hasta de rechazo, resultando a menudo expulsivas, siendo una de las causas principales en el abandono del tratamiento y su consiguiente corte a la adherencia. Así, un gran número de personas de identidad homosexual no se acercan a los hospitales, en otros casos “mienten” su identidad sexual o de género para ser atendidos “normalmente”. Ello conlleva un subregistro de ese sector poblacional con la consiguiente distorsión epidemiológica. Una realidad semejante también se da en el caso de las personas trans y los usuarios de drogas, ya que muchas veces se los atiende en forma inconveniente y hasta indigna; y, en otros muchos casos, no se las atiende.

Creemos que estas reacciones que obstaculizan la recepción, atención y adherencia al tratamiento se deben a la falta de elementos y herramientas básicas para comprender al otro diferente (en este caso el paciente) en todos sus aspectos.

Ambas situaciones se retroalimentan: la falta de registro de casos hace epidemiológicamente invisible a buena parte de la población de diversidad sexual y, por tanto, se dedican menos o nulos recursos a ellos y viceversa.

La Administración del Programa Provincial de Sida debe en forma urgente entender que son responsables del crecimiento de la epidemia, fundamentalmente en los sectores de menos recursos socioeconómicos, ya que esta manera contiene en forma subyacente violaciones a los derechos humanos y homofobia. Por ello creemos e impulsamos mecanismos de consulta y participación amplia de todos los sectores, incluyendo a los organismos de derechos humanos en el diseño y monitoreo de las políticas públicas y el seguimiento en la implementación de todas las recomendaciones, leyes y convenios surgidos de instancias nacionales e internacionales.

Liga Bonaerense de Diversidad Sexual