La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el sobreseimiento y el archivo de la causa que se seguía contra Cavallo en España por 227 desapariciones forzozas y 110 secuestros, en el marco de la instrucción llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón sobre crímenes cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

La decisión de la Audiencia Nacional (máxima instancia penal española) desea dar "absoluta prioridad" al país donde se cometieron los crímenes y mostrar una "necesaria unidad en el enjuiciamiento de otros procesados", después que el juez argentino Sergio Torres solicitara la extradición de Cavallo.

El archivo de la causa era el último paso formal tras la decisión gubernamental del pasado 29 de febrero para la entrega del ex militar, cuya extradición corresponde ahora tramitar y hacer efectiva al juez de instrucción Fernando Andreu.

El gobierno español había autorizado la extradición de Cavallo, después que México autorizara el pasado 22 de febrero entregar al ex militar a Buenos Aires y pese a que el Tribunal Supremo español había considerado a la Audiencia Nacional competente para juzgarlo en España.

Ricardo Miguel Cavallo, alias Sérpico, había sido extraditado en junio de 2003 por México, donde había sido detenido en agosto de 2000 a petición del juez Baltasar Garzón.

El juez argentino Sergio Torres solicitó su extradición a España a finales de diciembre de 2006, por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental cometidos durante la dictadura militar.

"No es firme"

El abogado Antonio Segura, quien ejerció como acusación popular en el proceso abierto contra Ricardo Cavallo en España, aseguró hoy que la decisión de la Audiencia Nacional de sobreseer a Cavallo en España y extraditarlo a Argentina "no es firme", porque puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

El letrado de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M) dijo que la decisión de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional "va en contra de una decisión del Supremo, por lo que puede ser contraria a derecho".

"Tenemos que estudiar la sentencia de la Audiencia Nacional pero, en todo caso, todas las decisiones de este tribunal son recurribles ante el Supremo", dijo Segura.

"Las víctimas no se van a quedar inmóviles ante la posibilidad de que los crímenes cometidos por Cavallo queden impunes", añadió el letrado.

Segura subrayó que la justicia española "está negando a las víctimas un proceso con todas las garantías".

Asimismo, el letrado cargó contra el titular de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, quien con esta decisión "se ríe de las víctimas, como ya lo hizo con las del atentado del 11 de marzo de 2004".

"Una vez que tengamos sobre la mesa la sentencia, vamos a valorar que tipo de responsabilidad puede tener el magistrado", indicó el abogado, para quien puede existir un delito de "prevaricación", es decir, que se haya tomado una resolución injusta a sabiendas.

Según el letrado, el Tribunal Supremo avaló la sentencia por la que el argentino Adolfo Sclingo fue condenado por crímenes de lesa humanidad y dijo que la Audiencia Nacional era competente para juzgar a Cavallo, al igual que el Constitucional cuando se pronunció a favor de la jurisdicción universal en el caso Guatemala.

En cuanto al argumento que utilizó hoy la Sala Tercera de la Audiencia Nacional para ordenar el sobreseimiento y archivo de la causa contra Cavallo, afirmó que la prioridad de enjuiciar a una persona en el lugar donde se cometió el delito "se aplica a un delito común, no a crímenes de lesa humanidad".

Ya en el año 2005, el abogado de la AAPDH-M advirtió que la justicia española no quería juzgar a Cavallo, un hecho que se ponía de manifiesto en las reiteradas maniobras de dilatación del juicio oral en su contra, que también advirtió.

"España queda como si tuviera jueces maravillosos que persiguen crímenes contra la humanidad y después avala un sistema de impunidad", sentenció Segura, único abogado querellante que acusó a Scilingo por crímenes contra la humanidad. Cavallo afrontaba en España una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 años por crímenes de lesa humanidad o genocidio.