La administración de George W. Bush manifestó su profundo desacuerdo con el fallo de ayer de la Corte, que consideró que los extranjeros detenidos en la base naval en Cuba por tiempo indefinido y sin cargos en su contra tienen derecho a pedir su liberación ante tribunales civiles de Estados Unidos.

Bush dijo ayer que respetará la decisión judicial, que rechazó la constitucionalidad de una ley de 2006 que había privado a los prisioneros en Guantánamo del derecho de hábeas corpus y, así, de la posibilidad de apelar su reclusión. Pero el presidente aclaró que su gobierno evaluaba responder al fallo con nuevas leyes.

En Bruselas, Bélgica, el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, dijo que se reservará el juicio sobre "qué hacer en el futuro" con Guantánamo hasta conocer mejor el veredicto, pero admitió que la mala reputación de la base-prisión por los "abusos iniciales" había dejado a Estados Unidos con un "ojo morado".

Mukasey expresó su frustración y descontento con el veredicto. "Estoy decepcionado por la decisión, en la medida en que entiendo que resultará en cientos de acciones que desafíen la detención de combatientes enemigos que serán trasladadas a cortes federales", dijo Mukasey al margen de un encuentro de ministros de Justicia e Interior de los ocho países más ricos (G-8) en Japón.

Pero "la decisión de la corte no concierne a las comisiones judiciales militares, que continuarán con su procedimiento. En cambio, se refirió a los procedimientos que el Congreso y el presidente dispusieron para permitir a los combatientes enemigos cuestionar sus detenciones", agregó, citado por la cadena CNN.

El fallo dividido de 5 contra 4 de la Corte asestó a Bush el tercer revés judicial desde 2004, a los ambiciosos y polémicos esquemas que había diseñado para negar a los presos de Guantánamo las protecciones y derechos tutelados por la ley estadounidense.

La ley aprobada en 2006, cuando los republicanos tenían mayoría en el Congreso, también había fijado un proceso de revisión caso por caso que, según Bush, era sustituto suficiente de eventuales apelaciones de los detenidos antes cortes civiles.

Hasta ahora, 19 de los detenidos, incluyendo el presunto cerebro de los atentados del 11-S, enfrentan juicios militares por crímenes de guerra. El Pentágono dijo que planea juzgar también con las comisiones castrenses a 80 de los 270 presos en Guantánamo.