18:59 › DERECHOS HUMANOS
En el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros represores, Martín Fresneda, uno de los abogados querellantes anticipó que pedirá para todos los imputados el "máximo de pena y que sean alojados en cárcel común". Será a partir del jueves, cuando exponga sus alegatos por la muerte de cuatro jóvenes, ocurridas en 1977 durante la dictadura militar.
Martín Fresneda, quien representa a los familiares de una de las víctimas de esta causa, manifestó a Télam que durante la instancia del debate testimonial y documental "resultó contundente la existencia de un plan sistemático para el aniquilamiento de las personas, mediante métodos inhumanos de torturas".
"Sembrar el horror y el terror social fue parte del sistema perverso de la represión ilegal, además de eliminar a todo lo que se opusiera a los propósitos del Golpe de Estado", añadió el abogado Fresneda.
En ese sentido, consideró que "quedó plenamente probado que las cuatro víctimas fueron torturadas en La Perla y luego fusiladas en un operativo que fue simulado como enfrentamiento", por lo que "corresponde aplicar la más alta pena y cárcel común, por supuesto teniendo en cuenta los casos de estado de salud", como requisito indispensable para los beneficios de prisión domiciliaria.
En esta causa, denominada ’Brandalisis’, además de Menéndez están imputados Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone.
Los delitos que se les imputan son privación ilegitima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado por el secuestro, tortura y asesinato de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo.
Las víctimas fueron secuestradas entre el 6 y 8 de noviembre de 1977 en la capital de Córdoba y, luego de más de un mes de torturas y tormentos en el centro clandestino de detención de La Perla, el 15 de diciembre fueron acribilladas en un simulacro de enfrentamiento que se montó en Colón y Sagrada Familia, de esta ciudad.
Unicamente los restos de Palacios fueron recuperados de una fosa individual del cementerio San Vicente, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense ya recuperó otras 13 identidades de personas desaparecidas durante el período de dictadura.
El proceso de enjuiciamiento había comenzado el 27 de mayo y, tras 73.05 horas efectivas de debate, el pasado jueves concluyó con la etapa probatoria, en tanto que el jueves 10 se iniciará la instancia de alegatos con los querellantes, el 11 para los fiscales y desde el 14 para los defensores de los imputados.
El co-fiscal, Fabián Asís, destacó que el proceso del juicio se desarrolla con "absoluta normalidad" y al momento de valorar los elementos probatorios, tanto documental como testimonial, consideró que "son muy esclarecedores en cuanto al tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos".
En ese sentido consideró que "con los elementos que se aportaron durante el debate son más que suficientes para que el tribunal dicte sentencia". Por su parte, el abogado Jorge Agüero, defensor del imputado Acosta, sostuvo que "esta causa viene con un proceso fraudulento desde la etapa de instrucción y por lo tanto el juicio es fraudulento y la sentencia va a ser fraudulenta".
En ese sentido se refirió a dos denuncias penales que promovió en contra de los instructores de la investigación instructoria, porque "se prepararon a los testigos enseñándoles cómo debían declarar", manifestó el abogado. El tribunal del juicio está integrado por Jaime Díaz Gavier (presidente), Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará (vocales); Pablo Bustos Fierro (secretario).
La acusación del Estado es ejercida por los fiscales Maximiliano Hairabedian, fiscales Graciela López Filonuk y Fabián Asis. Salvo el imputado Acosta, que tiene como defensores particulares a Agüero y Alejandro Cuestas Garzón, el resto es asistido por los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva.
Claudio Orosz y Martín Fresneda (abogados de Hijos y Familiares de Desaparecidos) representan a la familia de Palacios; Mauro Ompré a la familia Lajas y el Marcelo Arrieta es el representante legal oficial de Brandalisis y Cardozo.
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