La medida, que incluye tres canales de televisión, fue considerada "histórica" por sectores afines al gobierno porque el remate de los bienes de esas empresas permitirá restituir parte de la pérdidas sufridas por depositantes del Filanbanco en 1998.

Al mismo tiempo, fue calificada como un "avasallamiento" de la libertad de expresión por sectores que rechazan la apropiación de los medios de comunicación del grupo, que incluye a las televisoras TC Televisión, Gamavisión y Cablevisión, además de radios, diarios y revistas.

Correa confirmó durante la asunción de la nueva ministra en el Palacio Carondelet, sede del gobierno, que espera "lo más rápido posible subastar, licitar los bienes y resarcir, enhorabuena, a los ecuatorianos", informó el diario estatal El Telégrafo.

El mandatario enfatizó que la medida está "apegada a la ley" y que no se trata de "un atentado a la libertad de expresión".

Por su parte, el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, sostuvo que la resolución del gobierno "es fundamental para la historia del país", a pesar de que reconoció que será "difícil" que el Estado logre recuperar el "hueco patrimonial" generado por el llamado caso Filanbanco.

La AGD es una entidad presidida por el ministro de Finanzas y está encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató entre 1998 y 1999, considerada como la peor de la historia ecuatoriana.

"Hemos respondido a ese clamor popular de tantos y tantas perjudicadas", dijo Bravo, citado por el diario El Universo, de Guayaquil.

El funcionario desmintió que la decisión apunte a una persecución a los medios de comunicación del país y sostuvo que se espera que lo más pronto posible esos medios "vuelvan a manos privadas".

Otros sectores "dirán que esta resolución obedece a que se aproxima un plebiscito (para ratificar la nueva Constitución), eso no es así", enfatizó.

"Lo que pasa es que hasta diciembre del año pasado teníamos un superintendente de Bancos vendido a la banca y sólo con la nueva autoridad del control financiero se determinaron las pérdidas del Filanbanco", afirmó.

El funcionario precisó que la incautación alcanza a todas las empresas relacionadas con el grupo, "un total de 195, entre ellas empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, medios de comunicación, yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles".

Un comunicado de la AGD señaló, además, que no se vulnerará "ningún derecho laboral" de los trabajadores de los medios de comunicación, donde se "nombrará un administrador temporal para que sigan funcionando con normalidad".

Salgado es economista y catedrática universitaria, y en 2003 fue nombrada gerenta de la estatal Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), tras lo cual fue enjuiciada por supuestas irregularidades y finalmente amnistiada por la Asamblea Constituyente, que adujo que hubo "persecución política".

Actualmente integra el Parlamento Andino en representación de Ecuador pero deberá renunciar a ese cargo para desempeñar el Ministerio de Finanzas.

Ortiz era ministro desde julio de 2007 y dejó el cargo anoche, tras participar en una reunión presidida por Correa, en la que se decidió la incautación de las 195 empresas, medida con la que manifestó su desacuerdo.

Roberto y William Isaías, titulares del grupo cuyas empresas dispuso hoy estatizar Correa, están refugiados en Miami desde 2000.

Los hermanos Isaías abandonaron Ecuador cuatro meses antes de que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico, resolviera el 22 de septiembre de ese año iniciarles juicio por considerarlos responsables de la quiebra fraudulenta del Filanbanco.

Desde entonces se ha librado una verdadera batalla legal contra la negativa de las autoridades estadounidenses a entregar en extradición a los dos empresarios, informó la prensa local.