Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone, son los restantes imputados que, según los fiscales, deben ser condenados con distintos grados de responsabilidad por los hechos que derivaron en la muerte de las cuatro víctimas de esta causa.

El fiscal general, Maximiliano Hairabedían, al concluir los alegatos de los co-fiscales Graciela López Filoñuk y José Fabián Aís, solicitó al tribunal de enjuiciamiento la pena de "prisión e inhabilitación perpetua, más accesorias legales y costas" para Menéndez, Díaz, Lardone y Padován.

En estos casos la Fiscalía los consideró responsables de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado", en todos los casos agravados.

Los fiscales consideraron ese término por la condición de funcionarios públicos de los imputados y por la condición de las víctimas, y según el Código Penal vigente al momento de los hechos, establecido por la ley 21338.

Para Rodríguez (ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141) y para Acosta (ex jefe operativo del centro clandestino de detención de La Perla) los fiscales pidieron 22 años de prisión, ya que por licencias o cambios de destino no participaron en el homicidio de las cuatro víctimas, ocurrido el 15 de diciembre de 1977 en la ciudad de Córdoba.

En tanto que, para el suboficial principal (r) Vega el pedido fue de 18 años de prisión, también ajeno al asesinato de las cuatro víctimas.

El fiscal Asís, en uno de los tramos finales de su alegato, miró a algunos de los familiares presentes de las víctimas en la sala de audiencia y pidió "perdón en nombre de la institución que represento, por el cansancio y la desazón de tener que esperar 31 años para saber la verdad y encontrar justicia".

En horas de la mañana el fiscal Hairabedian había fundado como "probados con total certeza" los delitos mediante un "plan sistemático de aniquilamiento" que habían implementado los responsables de la dictadura militar.

"La irrupción de la intervención de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1974 significó la violación sistemática de los límites que establecía la Constitución Nacional y las leyes", manifestó el fiscal al sostener que "todo los actos de violencia, tratos inhumanos, indignos y crímenes que cometieron no tuvieron ningún respaldo legal".

"En ese sentido sostuvo que "no hay dudas que los hechos que se juzgan en esta causa los cometieron, porque así lo dicen las pruebas objetivas", y sindicó a Menéndez como el "responsable máximo" de los delitos de Lesa Humanidad, no obstante consideró que "todos sabían y querían los hechos sucedidos" ya que "ninguno lo impidieron".

La co-fiscal, Graciela López Filoñuk, amplió aspectos del funcionamiento del centro clandestino de detención de La Perla, diciendo que al momento de los hechos que se juzgan, una de las etapas estaba a cargo de Acosta, quien "comandaba el Grupo de Operaciones Especiales (OP3)".

"Todos actuaban en todo, es decir que todos secuestraban, todos torturaban y todos mataban", sostuvo la fiscal respaldándose en las pruebas documentales y de las testimoniales de las víctimas sobrevivientes que declararon en la instancia de instrucción y en el juicio que comenzó el 27 de mayo en los tribunales federales de la capital de Córdoba.

"Gracias a Díos cometieron el error de dejar 17 sobrevivientes que hoy son un puente de plata para que la justicia, mediante la verdad histórica, pudiera llegar a la verdad de lo acontecido. Hoy no se puede dudar de la verdad que contaron aquí los sobrevivientes del horror", resaltó la fiscal Filoñuk en otro tramo de sus alegatos.

En una breve exposición y adhiriendo a los alegatos de las partes querellantes y de los fiscales, el querellante oficial Marcelo Arrieta expuso en representación de los familiares de Brandalisis y Cardozo.

La décima octava jornada de este juicio, que se desarrolla en la capital de Córdoba y está a cargo del Tribunal Federal Oral 3, comenzó a las 10.20 y se extendió hasta las 16.45.

El cuarto intermedio se reanudará el miércoles de la próxima semana con los alegatos de los defensores de los imputados, exposición que estaba previsto para el lunes pero debido a un inconveniente de salud de la defensora oficial, Mercedes Crespi, se decidió posponer la fecha.

Ayer, los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz, representantes de los familiares de Palacios, pidieron "prisión perpetua y cárcel común" para Menéndez, por considerarlo "autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en concurso real y agravados por su condición de funcionario público" al momento de los hechos.

Para Rodríguez, Acosta y Vega solicitaron 21 años de prisión por 'privación ilegítima de la libertad agravado e imposición de tormentos agravado".

Salvo el especial pedido para que todos los imputados sean alojados en "cárceles comunes" y diferencias menores en cuanto a los años de condena, en el criterio general coinciden los planteos y pedidos de las partes querellantes y Fiscalía.