Morales los acusó de limitarse a "pedir plata" e interpretar mal el voto ciudadano en el referendo revocatorio del domingo pasado, y reiteró su voluntad de implantar la autonomía de los departamentos pero sólo en el contexto de su proyecto de nueva constitución.

Morales y los prefectos de los departamentos Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija, así como un representante del prefecto de Santa Cruz, no pudieron acercar posiciones para compatibilizar las pretensiones de autonomía de las provincias con el proyecto de carta magna aprobado por la Asamblea Constituyente y cuya sanción debe ser sometida a referendo.

En el encuentro desarrollado hoy en el Palacio Quemado, sede del gobierno central, que siguió a las extensas conversaciones de anoche, tanto el Ejecutivo nacional como los prefectos mantuvieron sus posturas, amparados en las respectivas ratificaciones que sus mandatos recibieron en el referendo revocatorio del domingo.

La administración de Morales propuso un pacto constitucional-autonómico para posibilitar una nueva constitución a partir de resolver la demanda de devolución de fondos a las regiones mediante un pacto fiscal y completar las vacantes en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Electoral.

Los prefectos opositores exigieron como condición para avanzar en las conversaciones la restitución de los ingresos generados por el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH) que recibían desde hace tres años y que el gobierno central les quitó meses atrás.

Asimismo, reclamaron que se considere "irreversible" el proceso autonómico en los términos en que fue aprobado en un referendo que se realizó en 2006.

La oposición rechazó la propuesta de compatibilizar el proyecto de nueva constitución con los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando porque no está de acuerdo con el proyecto de carta magna que aprobó la Constituyente, según reportaron las agencias noticiosas ANSA, DPA y Prensa Latina.

Para salvar las diferencias, el gobierno analiza la convocatoria a otro referendo, esta vez para que la ciudadanía opine sobre la constitución y los estatutos autonómicos, iniciativa que podría plantearse la semana próxima.

Sin embargo, luego de la reunión de hoy con Morales, los prefectos se reunieron en Santa Cruz con dirigentes cívicos y resolvieron convocar a la huelga para el martes próximo.

También señalaron que la presencia de Morales y sus ministros será considerada "no grata" en esos cinco departamentos mientras "siga la confiscación" de los recursos generados por el IDH.

En la reunión también se decidió suspender la huelga de hambre que mantenía un millar de personas en esos departamentos "para reponer fuerzas y preparar las nuevas medidas de presión", según explicó el dirigente campesino Víctor Velasco, quien aseguró que "no volará una mosca" el martes, durante la huelga.

Mientras tanto, Morales afirmó tras la reunión con los prefectos que "el gobierno va a garantizar autonomías para toda Bolivia, pero en el marco de la legalidad y la constitucionalidad", y criticó a los gobernadores.

"Siento que sólo quieren plata y no tocar otros asuntos, sin interpretar lo que piensa el pueblo boliviano", sostuvo.

A juicio de Morales, la ratificación en el referendo tanto de su mandato como de los de los prefectos opositores refleja que "el pueblo quiere autonomías" pero también "quiere una nueva constitución" y "más de dos tercios de la gente quiere jurar la nueva constitución con los estatutos autonómicos".

Por otra parte, el vocero presidencial, Iván Canelas, dijo que la reacción de los gobernadores opositores "era previsible" porque "la percepción del gobierno" es que acudieron a las reuniones con Morales "con la decisión de boicotear el diálogo".

"Estamos intentando una vez más que analicen la propuesta del gobierno lo más rápido posible; ojalá que evalúen bien, pero si quieren optar por el desastre, es responsabilidad de ellos", agregó el portavoz.

Canelas advirtió que "el gobierno ha de buscar una salida pacífica pero, de lo contrario, ha de recurrir nomás a la ley" y subrayó que "este proceso de cambio ha de seguir adelante porque ha recibido el respaldo de más de dos tercios de la población".