"Les pedimos que no continúen en esta campaña de intimidación a la sociedad, y continuar en este espacio de diálogo que el gobierno ha convocado y al cual los prefectos no se han adherido", reclamó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en declaraciones a la Red PAT, reproducidas por la agencia de noticias ABI.

Los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; Beni, Ernesto Suárez; Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío, y de Chuquisaca, Savina Cuellar, convocaron a un paro cívico para el próximo martes en demanda de la restitución a sus departamentos de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Además, decidieron rechazar la visita de las autoridades del Ejecutivo y condicionar futuros actos electorales a una auditoría al referendo revocatorio del domingo.

"El pueblo demandó un proceso de transformaciones en paz, y esa voluntad expresada en las urnas debe ser respetada", enfatizó Quintana, quien insistió en que el diálogo debe continuar a fin de armonizar la nueva Constitución Política del Estado con los estatutos autonómicos, pese a que estos fueron sancionados de forma ilegal.

El ministro también recordó que el presidente Evo Morales planteó a los prefectos consolidar un pacto fiscal que no sólo contemple una transferencia de recursos económicos, sino la posibilidad de desarrollo integral articulando esfuerzos entre las diferentes instituciones.

Por otra parte, desde el oficialismo y la oposición surgieron hoy pronósticos de confrontación en Bolivia si el diálogo entre prefectos y el gobierno central continúa bloqueado, informó la agencia de noticias ANSA.

"Los espacios de diálogo que quedan ahora son mínimos, la institucionalidad en el país está agotada", advirtió el constituyente oficialista Carlos Romero.

En coincidencia, el senador opositor Carlos Borth sostuvo que "el esfuerzo para llegar a una solución de consenso está naufragando".

Estas opiniones fueron formuladas hoy por Romero y Borth durante la presentación de un estudio comparativo del proyecto oficial de Constitución y los estatutos autonómicos departamentales, denominado "Puentes para un diálogo democrático", en el que se destacan más puntos de coincidencias que de disidencias y la posibilidad de compatibilizarlos.

Sin embargo, Romero resaltó que "al no haber con quién negociar, porque la oposición no quiere concertar, el gobierno y los movimientos sociales, con respaldo de los dos tercios del referéndum, no esperarán para poner en marcha la nueva Constitución".

Borth reconoció que para hacerlo "hay sólo dos caminos, el de la concertación, que a estas alturas parece imposible, y el de la confrontación, que puede estar más cerca de lo que parece".

En tanto, el jefe de los observadores de la OEA en el referendo, Eduardo Stein, declaró que veía "síntomas que por la historia reciente de occidente son inquietantes", al referirse "al surgimiento de grupos juveniles de choque, de células que, por todo lo que conocemos, no son aisladas ni espontáneas".