El oficialista Frente para la Victoria contó con el apoyo de algunas bancadas opositoras, como el ARI y el Movimiento Popular Neuquino.

En tanto, estuvieron ausentes a la hora de votar los tres radicales concertadores, Emilio Rached, María Dora Sánchez y Pablo Verani, pese a que este último había presentado un proyecto de ley alternativo.

Tampoco asistieron a la votación el riojano Carlos Menem, durante cuya presidencia se privatizó Aerolíneas, ni el salteño Juan Carlos Romero, de licencia hasta fin de mes.

El debate, con un único tema en la agenda, se inició a las 11 de la mañana con la presencia de 66 senadores sobre 72, de los que 34 se anotaron para hablar. La iniciativa propone el rescate de las líneas aéreas de bandera, por las cuales el Estado pagará una suma que deberá ser constatada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y autorizada por el Congreso de la Nación.

El proyecto también establece que el Estado nacional no podrá ceder la mayoría accionaria de las compañías; y lo faculta para instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras de las líneas aéreas.

Además del expediente apoyado por el oficialismo, se presentaron otros cuatro dictámenes que llevan las firmas del radicalismo y la Coalición Cívica, el justicialismo disidente, el radicalismo concertador y el socialismo.

El debate fue cerrado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien señaló que la empresa aérea "pierde plata, es deficitaria y, si se quiere un país que se pueda comunicar, el Estado va a tener que poner plata".

Además, Pichetto acusó a la administración privada de la compañía de ser un "modelo capitalista español" de carácter "colonial, casi depredador".

"Hubiéramos querido tener inversores españoles serios que hicieran crecer el prestigio de Aerolíneas Argentinas en el mundo", sentenció.

Previamente, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos, dijo que la deuda que tienen Aerolíneas y Austral "hay que pagarla" y remarcó que "ese es el estado de situación".

Sin embargo, luego defendió la existencia del Acta-Acuerdo firmada entre el Estado argentino y el grupo Marsans para acordar el traspaso de las acciones al señalar que "esa acta permitió que el Estado se haga cargo del gerenciamiento de la empresa y que se le haya podido pagar el sueldo a los empleados".

Además, el senador porteño Daniel Filmus, sostuvo que "la aprobación de este proyecto es el primer paso de una respuesta estratégica y soberana a las crisis que han provocado más de diez años de liberalización y desregulación del sector aéreo en la región".

También dijo que "debemos ser capaces de no replicar el anterior modelo estatal ineficaz, ineficiente, burocratizado y basto y fértil para los lobbys de los grupos de interés; de construir autoridad pública, autónoma, técnicamente fundada en el profesionalismo de sus funcionarios".

Del lado de la oposición, el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, también enfatizó que "el Acta-Acuerdo es un acuerdo de partes, y sólo obliga al estado-comprador". "No podemos obligar al vendedor a que acepte el precio que le ponemos.

Además, estoy convencido de que vamos a abrir la puerta a futuros litigios", indicó Sanz, para luego agregar que "la media sanción de Diputados desnaturalizó la Ley porque lo que mandó el Ejecutivo tenía lógica jurídica que hoy no tiene".

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani justificó que no acompañó el proyecto oficialista porque "no es esta una herramienta eficaz", y reclamó que "se tomen los planteos hechos acá en cuanto a la conformación de una comisión investigadora".

"Ojalá se hubiera rechazado el Acta-Acuerdo con el grupo Marsans, porque con los que saquearon y vaciaron no se puede acordar", sentenció el socialista.