"Si bien no están de acuerdo con la nueva Constitución, que lo expresen en las urnas y no con violencia", pidió Morales a la oposición en rueda de prensa tras su regreso de una gira por Libia e Irán, y condenó las "agresiones" de grupos de choque "cívicos" a las que calificó de "intolerables".

El mandatario opinó que los dichos del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, de que "con decreto o con ley" el referendo constitucional no se realizará en su departamento, son "una abierta conspiración contra la democracia boliviana", según reportó la agencia de noticias ABI.

La denuncia presidencial responde a violentas acciones de protesta de la oposición regional, entre ellas tomas de oficinas estatales, ataques al Ejército que impidió ese objetivo en Pando, incendio de la vivienda de un sindicalista en Santa Cruz, bloqueos de rutas y amenazas de ocupar pozos petroleros y cerrar válvulas de gasoductos para cortar exportaciones a Argentina y Brasil.

"Siento que alguna gente con mentalidad dictatorial, golpista, antidemocrática, sobrevive en el oriente boliviano y por eso piden el retiro de las Fuerzas Armadas para tomar las instituciones", afirmó Morales, citado por la agencia italiana de noticias ANSA.

El presidente advirtió que "hará respetar las instituciones y la seguridad del estado" y llamó al pueblo a "defender el proceso de cambio" frente a la conspiración de "grupos de extrema derecha", cada vez más minoritarios pero "cada vez más violentos".

Por otra parte, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) reveló que espera lograr la adhesión de cuatro senadores disidentes del opositor partido Poder Democrático y Social (Podemos) para aprobar en la Cámara alta, dominada por un voto por legisladores enfrentados al gobierno, la convocatoria al referendo para aprobar la nueva Constitución.

El jefe de la bancada de senadores del MAS, Félix Rojas, dijo a radio Erbol que existen conversaciones adelantadas con "al menos 19 diputados y cuatro senadores disidentes de Podemos", que a su juicio expresan una "corriente mucho más concertadora y democrática".

Rojas afirmó, además, que con el voto de esos 23 congresistas disidentes de Podemos y aquellos que se sumen a esta alianza coyuntural, "se tiene asegurada la designación de los vocales de la Corte Nacional Electoral; magistrados del Tribunal Constitucional y el Fiscal General de la República".

El legislador aún fue más lejos, y declaró que el próximo año el partido de gobierno tiene "asegurado el voto de los cuatro senadores disidentes de Podemos para tomar el control de la presidencia de la Cámara alta, lo que garantizaría, además, la viabilidad de los proyectos del MAS", entre ellos el voto de los residentes bolivianos en el extranjero.

Pero más allá de estos cálculos, hoy un grupo de choque vinculado a la prefectura y al Comité Cívico pandinos, tomaron el aeropuerto de Cobija, capital de ese departamento, saquearon una avioneta con equipos antimotines para la policía y golpearon a militares y periodistas.

La delegada presidencial de Pando, Nancy Texeira, aseguró al diario digital Erbol que el grupo de vándalos, encabezado por el secretario general de la Prefectura, saqueó los equipos antimotines transportados por una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana y los depositó en la sede de los cívicos.

Agregó que los pilotos y algunos militares fueron agredidos, insultados y amenazados por "los delincuentes que responden a la prefectura".

La funcionaria también denunció que el periodista Humberto Luján, de Radio Digital, "fue brutalmente golpeado en el mismo aeropuerto" por los autonomistas movilizados en demanda de la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para las prefecturas.

Por su parte, el canciller brasileño, Celso Amorim, dijo hoy que están observando la situación de Bolivia, donde grupos opositores amenazan cortar el suministro de gas a Brasil, y agregó que analiza una acción conjunta con Argentina, que también importa ese energético.

"Vamos a tratar todo esto de manera seria y debemos tener contacto, inclusive, si fuera el caso, con los gobiernos regionales", afirmó Amorim.

El ministro agregó que primero quiere saber si "el gobierno nacional puede garantizar la integridad del gasoducto", por el que llegan unos 30 millones de metros cúbicos de gas que abastecen casi la mitad de la energía que insume la industria paulista, informó hoy la Folha de Sao Paulo.