La decisión había sido anunciada en un encuentro mantenido a mediados de septiembre pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el titular de la Anses, Amado Boudou.

El decreto establece el beneficio de acuerdo a una escala de topes salariales para distintos rubros, como maternidad, prenatal, matrimonio, por hijo, adopción y ayuda escolar, entre otros, previstos en la ley 24.714, y se estima que alcanzará a unas 4.800.000 personas.

Están comprendidos los trabajadores en relación de dependencia; los admitidos bajo la Ley de Riesgos del Trabajo y los beneficiarios de pensiones honoríficas por la Guerra del Atlántico Sur.

En los considerandos del decreto se expresa que "teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas, la clara vocación del PEN en la redistribución de la riqueza", y las facultades que le confiere la Ley 24.714 para establecer la cuantía de las prestaciones contempladas en ella, es "conveniente incrementar los rangos, topes y montos de las asignaciones familiares".

Indica que el Sistema de Seguridad Social es "la principal herramienta de redistribución de los recursos para la cobertura de las contingencias sociales y protección de los más necesitados".

Por ello, señala que "estrictas razones de justicia social hacen imperioso" impulsar "medidas concretas de políticas públicas destinadas a lograr equidad y solidaridad social juntamente con el crecimiento de la economía nacional".