Mediante un escrito de 28 páginas, Mondino formuló la demanda contra el Estado Nacional y planteó que se le dé al trámite carácter de "juicio sumarísimo". El ombudsman reclamó, además, la habilitación de la feria judicial para tratar de inmediato su pedido. Mondino consideró los incrementos tarifarios como "arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional".

El escrito, ingresado por la Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pide que "se declare la nulidad por ilegitimidad de las Resoluciones de la Secretaría de Energía dictadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad".

"La aplicación de las mismas, a partir de las facturaciones del servicio de distribución de energía eléctrica de las empresas EDENOR S.A., EDESUR S.A., y EDELAP, cuyos vencimientos operan durante los meses de diciembre 2008 y enero del corriente año 2009, ha dado como resultado facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico", añadió.

Mediante un cuadro comparativo de la situación anterior y actual de los consumidores, tomando en cuenta diferentes variables y consumidores, el ombudsman arribó a la conclusión de que "ante un incremento del consumo del 164,08%, la facturación total se vio incrementada en un 1.095,67%".

En otro ejemplo, ante un incremento del consumo de un 5,12 por ciento, la facturación se elevó en un 109,15 por ciento. "Entiendo que los ejemplos precedentes son significativos y elocuentes para demostrar la falta de razonabilidad a que lleva la aplicación del conjunto de Resoluciones impugnadas.

La desproporción en todas las situaciones no exige siquiera demasiadas explicaciones, ya que debe asignársele carácter de evidente y manifiesta", señaló la presentación.

Mondino explicó que presentó la acción judicial porque en la Defensoría "se recibieron múltiples quejas de usuarios del servicio eléctrico imponiendo del desmesurado incremento en sus facturas", ante lo cual emitió una recomendación a la Secretaría de Energía para "la inmediata interrupción" de los aumentos, lo que no ocurrió.