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El pedido también alcanzó a Horacio Tomás Liendo; al secretario de Hacienda, Jorge Baldrich; al ex subsecretario de Financiamiento, Jacobo Julio Dreizzen; al ex jefe del Gabinete de asesores del ministerio de Economía, Guillermo Mondino; al ex procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer; y al ex secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger.

El representante del ministerio público también requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, interinamente a cargo del juzgado federal 2; que se procese a los ex banqueros Jorge Bledel, Pablo María León, Miguel Angel Gutierrez, Luis María Ribaya, Marcelo Castro, Marcelo Eduardo Podestá, José Enrique Rohm, Eduardo Escasany y Antonio Garcés

En un dictamen de seis carillas, Delgado recordó que el expediente lleva un trámite de ocho años tras los cuales ya se "agotó" la investigación y que "no queda más prueba por producir" por lo que reclamó al juez Giorgi que la pesquisa "se de por concluida" para "habilitar la discusión de los hechos y su responsabilidad" en juicio oral y público.

Al requerir oportunamente la levación a juicio de Cavallo y Marx (actualmente radicado ante el Tribunal Oral en lo Federal Uno), el fiscal ya había advertido que el "canje de deuda" investigado "sólo podía ser, y de hecho lo fue, un gran negocio para unos pocos que contaban con recursos importantes e información privilegiada, a costa del bienestar de la mayoría que carecía de esos instrumentos".

En aquella oportunidad les imputó la figura prevista en el artículo 265 del Código Penal que reprime con prisión de uno a seis años al funcionario que "directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

En este nuevo dictamen citó el fallo por el cual la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Cavallo y Marx, del cual se desprende que "existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero ... Banco Francés, Banco de Galicia, Credit Suisse First Bston, Grupo Santander Central Hispano, HSBC, J.P. Morgan y Salomón Smith Barney ... porque sus representantes tuvieron la posibilidad de ajustar la decisión de la administración a la operación".

"La implementación del 'megacanje' transcurrió a través de la cartera de economía. Este extremo nunca fue materia de controversia", dijo Delgado quien recordó que Cavallo, al prestar declaración indagatoria, "aclaró que siempre mantuvo al tanto al ex presidente De la Rúa sobre el diseño e implementación" del plan.

El fiscal explicó que "el 'megacanje' se implementó por un decreto del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros y no, como en general se hacía, a través de una simple resolución de las reparticiones de economía. Esta singularidad entraña una significación muy específica" que marca el grado de "tipicidad" en la conducta del ex jefe del Estado.

"Es evidente que De la Rúa no puede quedar en la cómoda posición de quien firma despachos de mero trámite anclado en la confianza que le inspiraban sus colaboradores", ya que intervino por decreto en ese devenir de la mano de sus colaboradores en economía, no desconocía ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo del megacanje", sostuvo.

En esa línea de análisis, Delgado enfatizó que "teniendo en cuenta el tamaño, significado y consecuencias de la operación, ningún comportamiento podía desplazarse hacia el terreno de la ilegalidad sin la venia presidencial" ya que De la Rua "sabía perfectamente el guión, los actores, los actos y el desenlace de la obra".

"En definitiva, lo relevante es que los funcionarios mencionados allanaron el camino para la ilícita adjudicación de la operación a favor del consorcio de bancos que resultó favorecido", sostiene el fiscal, quien añade que todos "conocían perfectamente los pormenores de la maniobra porque, básicamente, se trataba de favorecer ilegalmente a un grupo de acreedores de la Argentina".

De la Rúa y los funcionarios cuyos procesamientos se solicitaron están beneficiados con una momentánea "falta de mérito" pero Delgado entiende que, con las últimas pericias efectuadas por la División Bancos de la Policía Federal ("en una tarea realmente compleja y difícil") la pesquisa se "vuelca definitivamente" en contra de los imputados.

"Es relevante que el Estado -a través del Presidente y los funcionarios de Economía- hayan elegido de manera ilegítima a los acreedores del país para que ejecuten una operación destinada, irónicamente, a mejorar el perfil de la deuda externa y que, para colmo de males, les hayan reconocido jugosas comisiones por aprovechar la posibilidad de huir del riesgo argentino", resumió el fiscal.