"Si el gobierno peruano concede asilo o refugio, estaría cometiendo un grave delito, yo diría, porque hemos revisado revisado las documentaciones, las normas que tiene el estado peruano sobre refugio, pues no pueden dar asilo o refugio si hay personas en Latinoamérica, en el mundo que han cometido delitos de lesa humanidad", dijo en un acto en la vecina ciudad de El Alto.

"Que no cometan el error, como una ofensa del pueblo peruano al pueblo boliviano de dar asilo a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada", que solicitaron refugio ante la inminencia del inicio, el miércoles, de un juicio por la matanza de 60 civiles en una rebelión popular en octubre de 2003.

El presidente García "tiene la obligación de expulsar" a quienes solicitan cobijo porque "no puede encubrir delincuentes", dijo.

El pasado viernes, el canciller peruano José Antonio García Belaunde, había revelado en Lima que "el gobierno peruano otorgó asilo a un ex ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y dos otros ex ministros nos han solicitado refugio y estamos evaluando su pedido".

Desde la óptica boliviana, Perú debe cumplir normas internacionales e internas, como la Ley del Refugiado de Perú, que les impiden rechazar solicitudes de refugio o asilo político, pero esto "no quiere decir que ya les han dado el refugio. Necesitan realizar trámites especiales", según precisó el canciller David Choquehuanca.

Según fuentes diversas, habrían pedido asilo político el ex ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres Obleas; el de Salud, Javier Torres Goitia y la de Participación Popular, Mirtha Quevedo, también jefa del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Todos ellos están imputados de genocidio, por la matanza a tiros de al menos 60 personas en una rebelión popular ocurrida en octubre de 2003. El juicio comenzará el 18 de mayo en la Corte Suprema de Sucre.

En tanto, Sánchez de Lozada abandonó el país junto a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el 17 de octubre de 2003, poco después de dimitir.