Desde Santa Cruz

El gobierno de Perú confirmó que dio asilo político a un ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando falta una semana para que comience en Bolivia el juicio por responsabilidades contra el ex presidente y su gabinete. Se los acusa de genocidio, por la masacre de 70 personas en octubre de 2003, durante la llamada Guerra del Gas. Según el canciller peruano, Antonio García Belaunde, hay otros dos ex ministros implicados en la causa que esperan obtener refugio en el país vecino. En el gobierno de Alan García aún analizan la posibilidad de otorgarlo. Mientras tanto, el gobierno de Evo Morales aseguró que todavía no recibió comunicación de Perú sobre el asilo, por lo que no opinó sobre el asunto. Pero extraoficialmente solicitó a García que no asilara a los acusados.

“El gobierno peruano otorgó asilo a un ex ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros dos ex ministros nos han solicitado refugio y estamos evaluando su pedido”, dijo ayer Belaunde. El refugiado es Jorge Torres Obleas, titular de Desarrollo Económico durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003). Según el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, las solicitudes de asilo pendientes son de Mirtha Quevedo, ex ministra de Participación Popular, y Javier Torres Goitia, ex ministro de Salud. Actualmente, Quevedo es jefa nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido que gobernó el país hasta octubre de 2003.

El juicio comenzará en la Corte Suprema de Justicia el 18 de mayo próximo. Los acusados son Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos, sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, también en EE.UU.; de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, en EE.UU.; de Gobierno, Yerko Kukoc; y de Agricultura, Guido Añez; además de Torres Obleas y Quevedo.

Otros imputados son los ministros Javier Torres Goitia, de Salud; Hugo Carvajal, de Educación; Guido Anude, de Asuntos Campesinos; Adalberto Kuajara, de Trabajo; Dante Pino, de Asuntos Financieros; y Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible. También se juzgará a los militares que obedecieron la orden del Ejecutivo de acribillar a quienes se manifestaban contra el gobierno del MNR en La Paz.

El ex ministro Kukoc también intentaría resguardarse en Perú. El canciller Belaunde indicó que el asilo se otorgó con la mediación de la oficina de refugiados de ONU (Acnur).

El gobierno boliviano supo de la noticia por la prensa. “Nosotros no recibimos ninguna comunicación oficial. No podemos pronunciarnos acerca de una nota de prensa, por más respetable que sea”, dijo el vicecanciller, Hugo Fernández.

A través de los medios respondió el ministro de Defensa Legal del Estado boliviano, Héctor Arce. “Pediremos al Perú que no dé asilo político. Se tienen que hacer todas las gestiones en defensa de los intereses del Estado”, dijo a la agencia ANSA.

El fiscal del caso, Miton Mendoza, contó que hace semanas había pedido a la Corte la detención preventiva de los acusados que estaban en Bolivia ante la proximidad del juicio. “Pero no tuvimos respuesta. Las consecuencias ahora ya se ven porque los acusados están huyendo del país”, consideró. Y comentó que otros acusados buscan refugio en países como España.

El desarrollo del juicio podría complicarse, no sólo por la ausencia de acusados. La Cámara de Diputados, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de Morales), trata de enjuiciar al presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, precisamente por el retraso de la Justicia para hallar a los culpables de la matanza de 2003. Otra suprema que podrían enjuiciar los diputados del MAS es Rosario Canedo, sospechada de irregularidades en su labor.

El periodista Edgar Ramos Andrade, investigador de la masacre de 2003, evaluó que los diputados podrían trabar el funcionamiento de la Corte por falta de jueces. Pero que los haya también es un riesgo, porque “la jueza Canedo es militante pública del MNR. Ella es partidaria de Sánchez de Lozada”, sostuvo. Otros integrantes del máximo tribunal también son de partidos opositores al MAS.

Andrade contó a este diario sobre un ofrecimiento hecho a Sánchez de Lozada en sus últimos minutos aquí. En su partida hacia Miami, el 17 de octubre de 2003, el presidente saliente y su séquito de exiliados hicieron una escala técnica en el aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz. “Allí, entre las 18 y las 20, se encontraron en el Salón VIP con el actual prefecto y entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rubén Costas; el prefecto de Santa Cruz, Mario Justiniano; el gerente de la Cámara de Industria y Comercio del Oriente (Cainco), Oscar Ortiz, actual presidente del Senado, y otros. Todos le pidieron a Goni que gobernara desde Santa Cruz con mano dura. Le garantizaron gobernabilidad, sin importarles los más de 60 muertos y 400 heridos. Sánchez de Lozada rechazó la propuesta porque su gobierno había quedado muy débil”, dijo el investigador.