Así lo resolvió esta noche la jueza de Menores Myriam Rustán de Estrada, al disponer que el Hogar San Juan de Dios, de la calle Charlone al 700, siga funcionando con los doce chicos que no querían irse.

Fuentes judiciales indicaron que la magistrada ordenó que los menores queden bajo la tutela del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, porque fue a través de esta entidad que se realizó la denuncia inicial sobre los presuntos abusos y malos tratos. En tanto, no podrán ingresar personas vinculadas a la fundación del cura Julio Grassi.

Según las fuentes, el Arzobispado deberá nombrar un director, un subdirector y un tesorero para que se hagan cargo del lugar, mientras que -junto al Consejo del Menor- se resolverá quiénes serán los celadores que se encargaran del cuidado de los menores.

El viernes pasado venció el plazo que había dado la jueza Myriam Rustan de Estrada para el desalojo, luego de recibir informes de Jalil y del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad, que advertía sobre graves irregularidades en el establecimiento.

La medida fue resistida por empleados de la Fundación Felices los Niños y por algunos vecinos, lo que ocasionó disturbios con la Policía y con oficiales de Justicia que estaban dentro del Hogar.

La jueza, el defensor y la ex interventora del hogar, Gladys Suárez, se reunieron hoy y acordaron mantener el desalojo pero no realizarlo en forma compulsiva y que resulte traumática para los menores allí alojados.

"Cada uno de los 13 casos se va a resolver de acuerdo a los tiempos y necesidades de cada uno de ellos, para que no sufran traumas", dijo Jalil al término de la reunión.

"No puedo adelantar cuándo ni de qué manera será el desalojo para preservar la integridad de los menores", indicó el defensor pero aseguró que "se va a respetar cada caso en particular para que sea resuelto de la mejor manera posible".

La presidente del Consejo, Jésica Malegarie, aseguró que "no se puede admitir esta situación por más tiempo ya que estas no son las condiciones que queremos para los chicos". Debido a "la manifestación de la gente y la intervención policial, el procedimiento de traslado tomó otra envergadura y ahora la situación es muy preocupante", dijo Malegarie. "Estábamos asistiendo a los niños -explicó- y ahora es imposible avanzar por la presencia de gente en la puerta del Hogar".

Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) -querellante de Grassi en el juicio oral que se desarrolla en Morón-, aseguró haber sido amenazada telefónicamente tras el intento de desalojo.

Los niños se asomaban esta tarde por las ventanas del Hogar San José, en la entrada de la calle Giribone y aseguraban a los vecinos que estaban bien de salud y que no les faltaba comida, mientras que los manifestantes los arengaban a resistir el desalojo.

Un vocero del obispado auxiliar, con sede en el barrio de Belgrano, intentó ingresar esta mañana a la escuela Santa Teresa, que funciona dentro del predio, pero fue empujado y abucheado por los manifestantes.

El obispo auxiliar Horacio Benítez Astoul, denunció en septiembre del año pasado que un niño de ocho años había sido maltratado y abusado en el Hogar y que había intentado ahorcarse con el cable de un teléfono.

La denuncia fue minimizada por las autoridades de la Fundación y por el propio Grassi, quien desde los Tribunales de Morón, donde es juzgado por 17 hechos de abuso y corrupción de menores, aseguró que el nene se había puesto mal porque quería que una docente lo adoptara.

Jalil, titular de la Defensoría de Menores de la ciudad, inició una investigación por ese hecho en la que aseguró haber descubierto varias irregularidades dentro del hogar, por lo que presentó acciones de amparo.

La jueza ordenó en octubre del año pasado que el Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad de Buenos Aires interviniera el Hogar San José para normalizarlo.

En febrero, el Consejo se retiró de la intervención luego de elaborar un informe en el que asegura que los niños no tenían vínculos con el exterior ni con sus familiares, que falta personal para atenderlos y que la sede tiene fallas edilicias, entre otras falencias.

Jalil criticó la actitud del organismo porteño de dejar la intervención y entregar el Hogar a las autoridades de la Fundación Felices los Niños, mientras que la jueza Rustan de Estrada ordenó el traslado de los niños que quedaban en el Hogar en un plazo de 15 días, que venció el viernes pasado.

Tras los incidentes, en los que voceros del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia aseguran que dos operadores resultaron heridos y que varios chicos que querían retirarse no lo pudieron hacer por la resistencia de los manifestantes, se mantenía esta tarde una tensa calma en las puertas del Hogar.

Los manifestantes solicitaban saber el paradero de los chicos que ya habían sido trasladados y aseguraban que los jóvenes habían sufrido golpes durante la intervención policial, mientras los arengaban a resistir cualquier intento de desalojo.