El juez federal Sergio Torres resolvió, además, embargos multimillonarios por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro de detención clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. La medida afecta a Alfredo Astiz y Jorge Acosta, entre otros ex marinos.

Según fuentes judiciales la resolución, de casi 1300 carillas, incluyó a los sindicados represores Jorge Acosta, Raúl Scheller, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, a quienes se les atribuyen responsabilidad en decenas de casos de privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos, algunos seguidos de muerte.

Por los mismos ilícitos fue procesado, por primera vez, Pablo Eduardo García Velasco, con un embargo de 710 millones de pesos (el mayor de todos los ordenados) sobre sus bienes.

Las medidas contra Astiz, Acosta, Scheller y una veintena más de imputados fueron dictadas sin prisión preventiva, debido a las excarcelaciones dispuestas en su momento por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que otorgó los beneficios por el tiempo que los imputados llevaban detenidos sin sentencia.

Del total de una nómina de 49 procesados, los que recibieron la medida sin prisión preventiva, además de Astiz y Acosta (con embargos 353 y 371 millones de pesos, respectivamente) y Pablo Eduardo García Velasco, Rolón y Pernías, fueron Ernesto Frimon Weber, Rubén Oscar Franco y Jorge Rádice.

También se ampliaron los procesamientos sin prisión preventiva de Julio Coronel, Carlos Generoso, Víctor Cardo, Manuel Jacinto García, Miguel Clements, Paulino Altamira, Daniel Cuomo, Julio César Binotti, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Savio, Carlos Octavio Capdevila, Eduardo Morris Girling, Adolfo Donda, Mario Palet, Juan Antonio Azic, Raúl Jorge González y Alberto Vigo.

La medida fue acompañada por el dictado de prisión preventiva para Ricardo Miguel Cavallo, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Carlos Eduardo Daviou, Miguel García Velasco, Ricardo Jorge Lynch Jones, Claudio Orlando Pittana, Edgardo Aroldo Otero, Carlos Guillermo Suárez Mason, Roberto Pérez Froio y Antonio Vañek.

Las otras ampliaciones de procesamientos recayeron sobre Julio Antonio Torti, Rogelio Martínez Pizarro, Oscar Antonio Montes, Pedro Antonio Santamaría, Francisco Rioja, Juan de Dios Daer, Víctor Roberto Olivera, Miguel Angel Rodríguez, Carlos Fraguio, Oscar Rubén Lanzón, Juan Carlos Fotea y Jorge Luis Magnacco.

El juez, con la intervención del secretario Pablo Yadarola, recordó que, en su momento, la Cámara Federal consideró que los imputados "colaboraron dolosamente" en los ilícitos de lesa humanidad cometidos en la órbita de la ESMA.

"No solo sabían de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos a que fueron sometidas las víctimas, sino que, además, lejos de evitarlo, participaron prestando una ayuda necesaria" para que se pudieron cometer los delitos, dijo la Sala II de la Cámara en julio de 2007, al evaluar el rol de los imputados.

Los "objetivos" de los represores se desarrollaron "como un plan sistemático pergeñado desde las más altas autoridades que tomaron el poder y en cuyo cumplimiento intervinieron los distintos estratos inferiores que participaron en el funcionamiento del centro ilegal de detención" que era la ESMA.

"Mal puede sostener -coincidió Torres con el tribunal de segunda instancia- no haber observado" la aplicación de tormentos y los vejámenes a los que los detenidos fueron sometidos, "sino que, además, tampoco puede esgrimirse no haber oído los quejidos de los heridos y los gritos de quienes eran torturados".