En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama afirmó hoy que su gobierno apoya la vuelta al poder del mandatario hondureño Manuel Zelaya, aunque mantenga discrepancias con él, en defensa del principio democrático que, admitió, no siempre su país supo respetar.

El presidente de Costa Rica, Arias, ofreció hoy a su país como sede para una mediación que busque superar la crisis política que sacude a Honduras, tras el golpe que depuso al gobernante Manuel Zelaya, y aseguró que "el diálogo hace milagros", en declaraciones a la prensa que reproduce la agencia DPA.

Micheletti, por su parte, considera importante la intervención de Arias, quien criticó duramente el golpe, y dijo que esperaba los resultados de la reunión de hoy del presidente constitucional, Manuel Zelaya, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

De todos modos, previo a ese encuentro, el mandatario estadounidense, Obama, ya marcó la posición de su administración desde Moscú, donde realiza una visita oficial.

"Estados Unidos apoya ahora la restauración del presidente democráticamente elegido de Honduras, incluso aunque él se haya opuesto firmemente a políticas norteamericanas", dijo Obama en un discurso en la Nueva Escuela de Economía de Moscú.

Subrayó, citado por la agencia alemana DPA, que "no lo apoyamos porque estemos de acuerdo con él (Zelaya). Lo hacemos porque respetamos el principio universal de que los pueblos deberían poder elegir a sus propios líderes, estemos nosotros de acuerdo o no con éstos".

"Dejémoslo claro: América (Estados Unidos) no puede ni debería intentar imponer ningún sistema de gobierno a ningún país, ni deberíamos atrevernos a elegir qué partido o qué individuo debe dirigir un país. Y no siempre hemos hecho lo que deberíamos en este aspecto", admitió el mandatario estadounidense Mientras tanto, las organizaciones populares continuaban hoy las manifestaciones para exigir la restitución de Zelaya, y los simpatizantes del golpe de estado también realizaban concentraciones en varias ciudades del país.

Respecto de la aceptación de la mediación ofrecida por Arias, Micheletti informó "a la ciudadanía, al pueblo, al mundo entero, que el día de hoy en la mañana tuvimos comunicación con el señor presidente de Costa Rica, donde le agradecí la intención de participar en un gran diálogo para resolver el problema de nuestro país".

Agregó que le expresó a Arias que considere la fecha conveniente para "hacer la reunión con personeros de nuestro gobierno y algunos organismos para que pudiésemos resolver de una vez por todas el problema".

Sostuvo que Arias "tiene una conducta intachable, es un hombre que tiene mucho prestigio a nivel mundial, y, lógicamente, para nosotros es un orgullo que él haya hecho la oferta y nosotros aceptarla para la iniciación de un diálogo".

El presidente de facto subrayó que Arias, en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, "fue uno de los que pidió al señor Zelaya que no viniera aquí al país, que podría causar problemas, sin embargo ya todos los hondureños sabemos lo que pasó".

Al referirse a la reunión de Zelaya con Clinton, dijo: "yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que va a pasar, pero ella no puede dar ninguna opinión hasta que no tenga las versiones de nosotros".

Sin embargo, el Departamento de Estado dijo que recibirá a Zelaya pero no a representantes del régimen de facto.

Una misión del régimen de facto, integrada por ex presidentes, ex cancilleres y empresarios, se encuentra en Washington en una "embestida diplomática".

El aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa se mantenía hoy cerrado y militarizado, y los hondureños que viajan al extranjero tienen que hacerlo a través del aeropuerto de San Pedro Sula, 240 kilómetros al norte de la capital, reportó la agencia ANSA.

El régimen de facto también mantiene vigente el toque de queda por las noches, lo que satisface a Micheletti porque, según él, redujo a la mitad los índices diarios de delincuencia y criminalidad en el país.

Sin embargo, hay denuncias de toda clase de atropellos del régimen contra la población, como impedir el auxilio médico a personas que son atacadas por policías o militares.