De esta manera, estará en línea con las acciones en contra de la magistrada promovidas esta semana por el gobierno de la Ciudad, a raíz de la actitud de Parrilli del 15 de septiembre último, cuando los insultos y la discriminación contra las dos trabajadoras fueron registradas por una cámara de filmación.

Por su parte, el fiscal general adjunto de Capital Federal, Luis Cevasco, aseguró que la prueba presentada en la Justicia contra Parrilli es "contundente y comprometedora".

La presidenta del INADI, María José Lubertino, adelantó: "Estoy firmando una denuncia para el Consejo de la Magistratura (porteño) y estoy viendo el encuadre para una denuncia penal, con el fin de presentar todo el lunes próximo".

Al referirse a los insultos y la discriminación de Parrilli contra las empleadas porteñas, Lubertino consideró que "es un hecho gravísimo porque un funcionario no debe simplemente no ser un delincuente para estar en un cargo, sino que tiene que reunir condiciones morales de idoneidad y de ética pública que están por sobre la media".

En la tarde del 15 de septiembre, una grúa de la empresa SEC levantó al Volkswagen Gol de Parrilli de la vía pública porque estaba estacionado casi en la ochava de la calle Rodríguez Peña al 400, en el centro porteño.

El vehículo fue remolcado a la playa de infractores situada cerca del Obelisco, en el subsuelo del cruce de 9 de Julio y Sarmiento, hasta donde arribó enfurecida la jueza a las 15.40.

La magistrada agredió de manera verbal a las dos agentes de Tránsito del gobierno porteño encargadas del trámite de verificación de la cédula verde y licencia de conducir del usuario de un vehículo.

"Tonta", dijo Parrilli a una de las trabajadoras y preguntó luego con quién tenía que hablar para evitar el pago del acarreo, para dirigirse después a una de las empleadas. "Señorita, venga acá, la que mando acá soy yo, no tengo que pagar como no pago nunca en la vida", remarcó la magistrada.

Una de las trabajadoras le pidió que no fuera "maleducada", en la esperanza de evitar una nueva agresión verbal. "Estás ante una jueza. Espero que no caigas nunca en mi jurisdicción porque te meto presa ocho meses", replicó Parrilli.

Una de las empleadas le comunicó luego que tenía que ver a un "controlador" para que evaluara su situación y la jueza expresó: "Yo no tengo que ir a ningún tribunal de Faltas, ya que a ellos (por los controladores) también los mando yo. Qué alguien me acompañe al auto".

Poco antes de retirarse, la jueza gritó: "Todas morochas, ni una rubia contratan", para decir después a las empleadas que "les pagan 1200 pesos por joder a la gente".

La magistrada concluyó al dirigirse a una de las trabajadoras: "Te hubiera metido un cachetazo por hacerme perder el tiempo, no te das cuenta tontita de que te dije que acá mando yo".

Luego, la jueza fue a ver a una controladora de Faltas, quien le perdonó la multa y el acarreo que se había negado a pagar, tras lo cual fue suspendida por la falta de claridad de los fundamentos con los que aplicó la condonación.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, consideró que la actitud de la magistrada "no corresponde a ningún ciudadano y mucho menos a un juez".

Montenegro ratificó: "Yo la denuncié penalmente por el delito de amenazas y discriminación y se lo hice saber al Consejo de la Magistratura (porteño) para iniciar un juicio político".

En línea con el funcionario, Lubertino dijo que "el Consejo de la Magistratura de la Ciudad debe intervenir para ver si corresponde la remoción de la jueza". "Además, entiendo que hay un delito agravado por la situación de discriminación", concluyó.

En tanto, Cevasco, en declaraciones radiales, aseguró que la prueba contra Parrilli presentada en la Justicia es "contundente y comprometedora", para calificar después a la actitud de la magistrada como "desagradable e inapropiada".