El acta acuerdo fue firmada, en la sede del Ministerio de Trabajo, por las carteras nacional y bonaerense, la empresa, la comisión gremial interna y los dirigentes del sindicato de la alimentación, pero fue rechazada por el cuerpo de delegados. Ramón Bogado confirmó que los delegados "no firmaron ningún acta acuerdo", aunque ratificó los puntos contenidos en la resolución.

La cartera de Trabajo reiteró que la firma de la empresa le da carácter de acta a los puntos del acuerdo, que obliga a su cumplimiento bajo peligro de sufrir penalidades.

En representación del ministerio nacional estuvieron Carlos Tomada, la viceministra Noemí Rial, mientras que por la cartera porvincial asistieron su titular, Oscar Cuartango, y el subsecretario, Carlos Molina.

Por la comisión interna participaron los delegados Bogado, Javier Hermosilla y María Rosario y dos abogados asesores. En nombre de la empresa asistieron Sergio Prendone, Horacio Martínez, Julián de Diego y Pablo Fagoaga.

Por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se sentaron a la mesa el titular, Rodolfo Daer y la secretaria gremial, Lidia Crespo, entre otros.

Respecto a la situación de los delegados, incluidos en la lista de suspendidos, la empresa se comprometió a "aceptar la decisión judicial", si la Justicia decide en su favor.

Las negociaciones fueron seguidas en las puertas del Ministerio de Trabajo por unos 200 manifestantes de distintas organizaciones sociales y estudiantiles, a quines se sumaron se sumaron integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), de Raúl Castells.

En Belgrano y 9 de Julio, en tanto, se produjo otro corte, por parte de piqueteros que se concentraron frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Entre las agrupaciones políticas y estudiantiles que respaldan los reclamos de los trabajadores de la ex Terrabusi se encuentran el MST, el Partido Obrero, la Izquierda Socialista, la FUBA y el Centro de Estudiantes de Psicología de la UBA.

En Trabajo, mientras tanto, se analiza la posibilidad de aplicar una multa de 1,5 a 14 millones de pesos, si Kraft mantiene su intransigencia frente a los despedidos.