En cuando al ballottage, que se descontaba de acuerdo con los datos del conteo provisorio y las encuestas, se confirmó que el 29 de este mes se enfrentarán los candidatos a presidente y vice del oficialismo, José Mujica y Danilo Astori, y los del Partido Nacional, Luis Lacalla y Jorge Larrañaga.

En los comicios del domingo último, cerca de 2,6 millones de uruguayos eligieron a quien sucederá al presidente socialista Tabaré Vázquez desde el 1 de marzo de 2010 por un período de cinco años, así como a todos los integrantes del Congreso, y también se pronunciaron en contra en dos plebiscitos.

Mujica, actual senador y ex líder del grupo guerrillero Tupamaros que actuó en los años 60 y 70 en Uruguay, obtuvo el 47,96 por ciento de los votos, mientras que Lacalle, ex presidente entre 1990 y 1995, logró el 29,07 por ciento.

A su vez, el candidato presidencial por el histórico Partido Colorado, Pedro Bordaberry, consiguió el 17,02 por ciento de los sufragios; Pablo Mieres, del Partido Independiente, el 2,49 por ciento, y Raúl Rodríguez, de la Asamblea Popular, el 0,67 por ciento, reportó la Corte Electoral.

El Partido Colorado convocó a sus adherentes a acompañar en el ballottage la candidatura de Lacalle, mientras que el Partido Independiente dio libertad de acción a sus seguidores y la Asamblea Nacional instará a su militancia a anular el voto.

La Corte Electoral confirmó además que el Frente Amplio -que nuclea a socialistas, comunistas, ex guerrilleros e independientes, entre otros sectores- tendrá mayoría en ambas Cámaras del Parlamento en la siguiente legislatura (16 de los 30 senadores y 50 de los 99 diputados).

El Partido Nacional tendrá 39 legisladores, el Partido Colorado 22 y el Partido Independiente dos. La Asamblea Popular no logró ningún escaño.

Algunas agrupaciones presentaron impugnaciones de votos.

Con los comicios del domingo último se sometió a plebiscito la anulación de la ley que amnistió a los militares y policías que violaron los derechos humanos en la última dictadura en Uruguay (1972-1985) y una enmienda constitucional para habilitar desde 2014 el voto por correspondencia de residentes en el exterior.

Ambas consultas fueron rechazadas: a favor de la anulación de la llamada Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado votó el 47,98 de los electores, mientras que el plebiscito para habilitar el sufragio epistolar recogió la adhesión del 37,42 por ciento.