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Aníbal Fernández afirmó que 2010 será "un año favorable para el consumo" y que se observa una "lenta recuperación" de la economía. Negó, por otra parte, que haya cambiado la política oficial respecto de las manifestaciones callejeras, al afirmar que "es preferible pagar el costo político de no reprimir que tener sangre, heridos o muertos".
El ministro aseguró que las buenas perspectivas económicas para el país tienen relación con la "intervención del sector público en el área privada" durante la crisis internacional. "Eso permitió mantener fuentes de trabajo y evitar que los sectores más vulnerables sintieran el impacto de la crisis, y que muchos trabajadores siguieran recibiendo salarios y no fueran despedidos".
Durante su exposición en la Cámara de Diputados, Fernández criticó a los "habladores" y "agoreros de siempre", que citan como ejemplos de productividad a países limítrofes y señaló que "no tuvieron razón con sus pronósticos".
El jefe de Gabinete señaló que "Brasil, Chile y Perú tuvieron caídas mucho más pronunciadas de su Producto Bruto Interno en comparación con la Argentina, que en el segundo trimestre de este año marcó una baja del 0,8 por ciento".
En cuanto a la reforma política, Fernández declaró que lo que se propone el Gobierno es "buscar un sistema de partidos sólido y no una kermese de partidos" y que "sea la gente la que decida" con su voto cuál es la fuerza política "más importante". El ministro consideró que el sistema de partidos "se ha desnaturalizado en su esencia" a tal punto que de los 685 partidos que existen, 33 son nacionales.
"Lo que buscamos es fortalecer las instituciones de la democracia", pero "es imposible acordar" con 33 fuerzas políticas en pugna. Añadió que el oficialismo pretende "terminar con los sellos de goma que no tienen representatividad".
Más adelante afirmó que la ley de asignación familiar por hijo "es indispensable para evitar la deserción escolar" y brindar mayor atención sanitaria a los sectores más vulnerables, y sostuvo que "no es la única herramienta para combatir la pobreza estructural".
Fernández aseguró, además, que el plan de construcción de escuelas encarado por el Gobierno es el "mayor plan que se haya visto jamás en el país". "Ya se han construido 700 escuelas, y otras 350 están en construcción."
En otro tramo de su exposición, admitió que el gobierno "está investigando" algunas de las recientes manifestaciones callejeras que, a su entender, "no son nada casuales".
Más adelante, el jefe de Gabinete acusó a Omar De Marchi (Demócrata, de Mendoza) de tener el "objetivo primordial y obsesivo" de agredirlo, al responderle a la pregunta acerca de "cuándo pensaba renunciar", luego de cuestionar al gobierno por los índices de inseguridad y el manejo de Aerolíneas Argentinas. "Mariano Recalde tiene más agallas que cualquiera porque agarró un fierro caliente", afirmó Fernández, y repitió que el vuelo a Uruguay, realizado el día en que la Selección nacional enfrentó a la uruguaya, "le produjo un beneficio de 10 mil dólares" a Aerolíneas.
En cuanto a las denuncias sobre inseguridad en el país, el funcionario advirtió que la Capital Federal registra una media de 3,9 de homicidios por año, una cifra muy inferior a otros países de América, de acuerdo con las estadísticas internacionales.
Otro de los contrapuntos de la jornada, aunque de menor voltaje, se produjo cuando Victoria Donda (Libres del Sur) le preguntó si había cambiado la concepción del Gobierno de no responder con represión a las protestas sociales, a raíz de la represión y la detención de 40 militantes sociales el lunes pasado en Plaza de Mayo. Fernández ratificó que "no ha cambiado ni va a cambiar" la política oficial, ya que "es preferible pagar el costo político de no reprimir que tener sangre, heridos o muertos". Respecto del reclamo de los integrantes de la Mutual Sentimiento afirmó que "será resuelto de manera favorable oportunamente", y restó importancia a lo sucedido al señalar que "golpes no tuvo ninguno sino sólo escoriaciones". No obstante, advirtió que si sucedió algún exceso "es bueno que se denuncie" ya que "nadie puede tocar a un ciudadano argentino porque reclame".
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