Con los votos del oficialismo y de sus aliados, quedó ratificada la norma que prorroga hasta el 31 de diciembre del 2011 la emergencia económica, que faculta al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar tarifas, renegociar contratos de servicios públicos, regular precios y reordenar el sistema financiero.

La emergencia fue votada por primera vez en el 2002, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de la crisis económica y social.

El radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y senadores del peronismo disidente votaron en contra del proyecto por considerar, entre otras cuestiones, que la situación de crecimiento económico del país no amerita prorrogar esas facultades para el Ejecutivo.

Desde el oficialismo, Fabián Ríos defendió la prórroga por entender que "este tipo de programas tienen que permanecer hasta que el flagelo de la pobreza pueda ser erradicado", al igual que la emergencia alimentaria que, según el senador, "está presente en Argentina", más allá de que el gobierno nacional haya mejorado los índices en los últimos años.

Además, destacó el hecho de que la ley plantea también la emergencia sanitaria, lo que a su entender servirá para hacer frente al dengue y a la eventual reaparición de casos de Gripe A el año próximo.

"La renegociación de contratos con empresas concesionadas no terminó, estamos a mitad de camino; aún no está totalmente regularizada la concesión de los servicios públicos que se realizaron en la década del 90", argumentó Ríos sobre otro de los aspectos de la ley.

La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, planteó su desacuerdo con la prórroga al advertir que la Constitución Nacional establece que tal medida debe ser fijada por un lapso acotado y no en forma sistemáticamente cuando el país registra un "período excepcional de crecimiento entre el 2008 y el 2009".

"Plantear la emergencia pública delegando al PEN facultades que son propias del Congreso es justamente debilitar y llevar a su mínima expresión el funcionamiento del Parlamento", declaró a su turno el socialista Rubén Giustiniani.

El senador oficialista Eric Calcagno consideró que "no hay economía sin política, ni política sin economía" y defendió su voto a favor de la Emergencia "porque es un modo de regulación que no es perfecto, pero que es el que tenemos". "Faltan muchos años, quizá decenios, para levantar la emergencia porque estamos intentando reconstruir el Estado", enfatizó Calcagno durante la sesión.

El justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá indicó que "la emergencia declarada en 2002 nos permitió salir del apuro, de la situación de desastre" y que "fue un instrumento útil para el Poder Ejecutivo".

"La de hoy no es la Argentina del país de las maravillas que nos pintan, pero es otra Argentina que enfrenta las situaciones que le dan un rumbo al país. ¿Hay una situación de peligro o desastre que justifique seguir dando este instrumento lleno de delegación de facultades? No", concluyó.

En el cierre del debate, el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, habló de la "incoherencia del oficialismo" que se "manifiestan en la expresión de motivos del presupuesto 2010 con la expresión de motivos de esta Ley".

"No hace falta la Ley de Emergencia. Por ejemplo, con la renegociación de contratos con Telefónica y Telecom hubo acuerdos transitorios con ambas empresas que abrió la puerta para la telefonía celular y congeló los montos de la telefonía fija que hizo que las empresas dejaran de dar pérdida", recordó Sanz y agregó: "No logro que nadie me diga por qué es necesario prorrogar esta Ley de Emergencia".