La sentencia se conoció hoy en la sede del alto cuerpo judicial federal, sito en Primera Junta y San Jerónimo, en el microcentro santafesino, y los fundamentos serán leídos por el TOF la semana próxima.

La condenada es Julia Núñez, oriunda de la ciudad de Coronda, quien bajo la promesa de dar trabajo como empleadas domésticas, convencía a las chicas y a sus familiares para que las entreguen, para luego ponerlas en manos de una red prostibularia que operaba en la localidad de América, en la provincia de Buenos Aires.

El TOF estuvo integrado en esta causa por los magistrados José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Omar Digerónimo, el fiscal fue Martín Suárez Faisal y la defensoría oficial estuvo a cargo de Mariana Rivero y Hornos.

Tanto el debate como la lectura de la sentencia no fueron públicos, ya que hubo una menor de edad involucrada como víctima y se encuentra desaparecida desde marzo de este año.

La causa comenzó el 9 de enero de este año, en la ciudad de Coronda, a 45 kilómetros al sur de la capital santafesina, cuando una mujer identificada como Carmen, madre de Carolina F., de 13 años, denunció a la policía la ausencia del hogar y desconocimiento del paradero de su hija.

Entonces empezaron las actuaciones policiales, guiadas por la comisario Sonia Acosta y la oficial auxiliar Delia Baella, de la Comisaría 1ª de esa ciudad, que pudieron establecer las principales líneas de investigación para esclarecer el caso.

El 9 de febrero, Núñez se presentó en la casa de una joven de 19 años, Viviana Ruiz, en la localidad de Recreo, se entrevistó con su madre y le ofreció un empleo doméstico con la promesa de un pago de 400 pesos mensuales, comida y ropa.

Luego, entregó a la chica, madre de una niña, a un proxeneta conocido como "El Pollo" Rojas, quien la llevó a un cabaret de la provincia de Buenos Aires.

El 11 de febrero, Julia Núñez fue arrestada y una semana más tarde la investigación llegó al juzgado de Instrucción Penal a cargo del juez Jorge Patrizi, quien realizó las indagatorias correspondientes.

El 19 de febrero, Carolina F. apareció espontáneamente en el Juzgado de Menores de Santa Fe, a cargo de Susana Giordano de Bilicich, acompañada por una hermana de 29 años, residente en Santo Tomé, y formuló declaraciones sobre lo sucedido.

Culminada la audiencia, la jueza se declaró incompetente y giró las actuaciones al juzgado de Instrucción de Jorge Patrizi, quien dispuso el traslado de la niña a la Casa de la Joven, dependiente de la Subsecretaría de la Niñez y la Adolescencia, pero la chica escapó y desde entonces se desconoce su paradero.

La causa pasó al Juzgado Federal 2, a cargo de Francisco Miño, quien activó las diligencias y ordenó que se le tome declaración indagatoria a Julia Núñez y a otros testigos.

El 31 de marzo, familiares de las dos chicas reconocieron a Núñez en una rueda de personas y el 6 de abril Miño procesó a la mujer por trata de personas, delito con pena de seis a 15 años de prisión, ya que se trata de una menor de edad.

La Fiscalía Federal había resaltado en la acusación que "en los dos casos en cuestión apareció la explotación de la víctima para ejercer la prostitución, la que generalmente se logra mediante amenazas hacia su persona o parientes".

La nueva ley considera a este ilícito como "delito federal", lo que permitió a los jueces y fiscales federales transitar las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que dio mayor celeridad al proceso penal.