El decreto 4/2010, publicado hoy en el Boletín Oficial, comprende el período de 1976 a 1983, más la documentación producida en otros años, en relación a la represión ilegal, pero excluye la información relacionada con la Guerra de Malvinas y "cualquier otro conflicto de carácter interestatal" así como "la información de inteligencia militar estratégica".

La medida presidencial enuncia que el decreto se sancionó en vista de lo propuesto por el Ministerio de Defensa y en base a la información solicitada por el juzgado federal número 1 de La Plata en la causa en que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención "La Cacha".

"La información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto", argumentó la jefa de Estado.

En el decreto esgrimió que "pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación, argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".