Norma Castillo, de nacionalidad argentina y Ramona "Cachita" Arévalo, uruguaya, ambas de 67 años y en pareja desde hace tres décadas, se casaron el pasado 9 de abril luego de lograr la autorización judicial de la magistrada Elena Liberatori.

Hoy, una semana después, la jueza nacional de primera instancia Martha Gómez Alsina decidió anular el enlace al aceptar la apelación de un abogado católico para que declarara "inexistente" el matrimonio.

La boda entre Castillo y Arévalo fue la tercera celebrada en el país entre personas del mismo sexo y la primera entre dos mujeres, en momentos en que la Cámara de Diputados debate un proyecto de reforma del Código Civil para permitir los casamientos entre homosexuales y que éstos puedan adoptar niños.

El abogado que pidió la anulación es Ricardo Ernesto Lamuedra, y es el mismo que logró que el lunes pasado el juez en lo civil Federico Gustavo Irazabal declarara inexistente el matrimonio de Damián Bernath y Jorge Salazar.

Al decretar la "nulidad absoluta" del casamiento celebrado ante el Registro del Estado Civil porteño, la jueza destacó que el artículo 172 del Código Civil "es claro al disponer que los contrayentes deben ser hombre y mujer".

Alsina consideró que el derecho establece al matrimonio como "la unión intersexual entre un hombre y una mujer en el sentido de que ha de ser reconocida y protegida como tal, con el fin de perpetuar la especie en el orden natural, a través de la procreación".

La jueza aclaró que su decisión "no significa adelanto de opinión alguna sobre el fondo del asunto ni discriminación hacia la cohabitación estable de personas del mismo sexo".

Lamuedra inició su campaña judicial contra el matrimonio de personas de un mismo sexo el 1 de diciembre pasado, cuando logró que el juzgado civil 85 dictara la primera medida cautelar que impidió el matrimonio entre Alex Freyre y José María Di Bello.

Un mes antes, este abogado matriculado en Capital Federal y con estudio próximo al Palacio de Tribunales interpuso un amparo para que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, apelara la autorización judicial a la boda.

En todos los casos, se trata de intervenciones judiciales muy similares, ya que gestiona ante un tribunal nacional una medida en contra de lo resuelto por uno porteño.

Tanto la boda entre Castillo y Arévalo, como la de Freire y Di Bello, habían sido autorizadas por la jueza porteña Elena Liberatori, ante quien los contrayentes presentaron recursos de amparo, y las decisiones no fueron apeladas por el Gobierno porteño.

Las mujeres, que viven en pareja desde hace unos 30 años y se exiliaron juntas durante la dictadura, son integrantes de la organización civil "Cien por Ciento Diversidad y Derechos" y Castillo preside el Centro de Jubilados Puerta Abierta a la Diversidad.