"Tenemos una visión bastante clara con respecto al aspecto fundamental que llevamos a la corte. El Tratado del Río Uruguay es un tratado que fue pionero, firmado en 1975 entre ambos países, y establecía un mecanismo de consulta respecto del recurso compartido, que es el río. Nuestro punto es que Uruguay no respetó este tratado y creemos que hemos presentado una gran cantidad de documentación ante el tribunal", detalló la diplomática.

La embajadora recordó cuáles fueron los pasos de esta contienda. "El tratado fue firmado en 1975. Ha sido tomado como modelo en todo el mundo. Allí se establece un principio fundamental en el derecho ambiental, que es la información y consulta previa. Es decir que ambos países se comprometieron, al suscribir este estatuto, que es un acuerdo internacional, en mecanismos de información y consulta previa", detalló.

La embajadora, que el martes encabezará la misión que escuchará en la ciudad holandesa de La Haya el fallo de la Corte Internacional de Justicia, tras cuatro años de proceso, agregó que "cuando una de las partes de un recurso natural compartido, como es el río Uruguay, se propone hacer algo que tiene que ver con el río, una obra, un puerto, un aprovechamiento industrial, debe consultar con la otra parte".

Ruiz Cerruti indicó que "esto es en lo que hemos coincidido con Uruguay durante más de 30 años. De golpe, en el año 2003, cambiaron de postura. Y no fue algo casual, fue algo político. El entonces canciller Didier Operti llevó el tema ante el Senado de su país. Allí dijo que este tipo de proyectos pertenecen a la soberanía del Uruguay y por lo tanto no debían consultarlo con Argentina".

"Y el tratado establece que no sólo es necesario consultar al vecino, sino empezar por someter el proyecto a la comisión del río Uruguay, un organismo internacional que administra el recurso compartido", remarcó.

En ese momento estaba en análisis el proyecto de construcción de la pastera Ence, y en octubre de 2003 Uruguay autoriza su emplazamiento sin informar ni consultar a Argentina, tal como marcaba el estatuto.

"Entre 2003 y 2006 -explica la embajadora- se hicieron todos los esfuerzos posibles por buscar una solución negociada al diferendo, pero lejos de solucionarse se agravó, ya que al proyecto de ENCE de 2003 se sumó en 2005 el de la finlandesa BOTNIA".

"Hubo una negativa permanente por parte de Uruguay a reconocer que la normativa era aplicable a esos proyectos. Se hicieron muchos esfuerzos. En 2005 se creó un Grupo de Alto Nivel para negociar una solución, pero no se llegó a un entendimiento. La Asamblea de Gualeguaychú transmitió cuáles eran sus anhelos, y la demanda fue finalmente presentada luego de que el canciller Taiana planteara el caso ante las dos cámaras del Congreso", reseñó Ruiz Cerruti.

El Parlamento argentino definió en ese momento que si no había posibilidades de solucionar el diferendo a través de negociaciones no había más remedio que plantear el caso ante el tribunal de La Haya.

El último intento de hallar una solución negociada se dio en marzo de 2006, cuando ambos gobiernos acordaron pedirle a las empresas que pararan las obras durante un tiempo hasta que se encontrara una solución negociada.

"ENCE interrumpió las obras, pero Botnia continuó con la construcción, por lo cual finalmente recurrimos a la corte el 4 de mayo de 2006", recuerda la encargada de Asuntos Legales de la Cancillería.

"Nosotros recurrimos a La Haya porque eso es lo que establece el Tratado del Río Uruguay cuando se trata de aprobar la construcción o el funcionamiento de una fábrica de estas características", indicó.

La embajadora consideró que "esta es una de las cuatro actividades más contaminantes del mundo, de modo que sobre la necesidad de consulta no había duda".

"Nuestra postura es que es obligatorio recurrir a lo que marca el estatuto para este tipo de emprendimientos, que Uruguay no ha cumplido las normas de este estatuto, que ha procedido unilateralmente, de manera inconsulta. Esta es la causa de la controversia", precisó.

También comentó que en el pasado Argentina recurrió a consultas con Uruguay, según lo marca el estatuto, incluso en un caso en el cual se analizaba la construcción de un puente sobre el río Uruguay pero en el tramo de frontera entre Argentina y Brasil.

En otro orden, la embajadora consideró que la Corte no se va expedir respecto de los cortes de rutas de los asambleístas, y aclaró que en el transcurso del proceso Uruguay llevó el tema de los cortes a este juicio y el tribunal lo desestimó.