El juez federal Norberto Oyarbide prohibió esta tarde la salida del país de José Alfredo Martínez de Hoz, y ya emitió un comunicado a todos los organismos estatales con competencia en el tema, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La orden del magistrado fue el resultado del escrito presentado hoy por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien pidió la detención del ex ministro de Economía de la dictadura, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la inconstitucionalidad del indulto firmado por Carlos Menem a favor de Martínez de Hoz.

El escrito presentado ante el magistrado e incluye un pedido para que sea alojado en una cárcel común. Para Duhalde, tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la inconstitucionalidad del decreto firmado por Carlos Menem, "no existen obstáculos para el avance de la causa en la que se investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel".

En su presentación, el secretario dijo que "la gravedad de las imputaciones, el carácter de crímenes de lesa humanidad que corresponde a sus ilícitos, y la extensión de la pena que será aplicada en la oportunidad procesal pertinente, justifican más que sobradamente que se ordene la detención del nombrado y su alojamiento en un establecimiento penitenciario común".

La causa que investiga Oyarbide se origina en la detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, para obligarlos a firmar un convenio con empresarios de Hong Kong, en el cual el ex ministro estaba interesado.

La secretaría de Derechos Humanos recordó que ya tiene querellado a Martínez de Hoz por su participación en el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, y por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, un funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a la estatización de la Italo.

"Martínez de Hoz fue el responsable del proyecto económico que fue el verdadero motivo del golpe. Para imponerlo, la dictadura disciplinó la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones", señaló la secretaría en el comunicado.