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La Corte Suprema anuló el indulto que le garantizó impunidad a José Alfredo Martínez de Hoz durante las últimas dos décadas. Ahora deberá ser juzgado por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado y podría terminar preso. La decisión del alto tribunal obliga a la Justicia a reanudar la investigación contra el ex ministro de Economía de la dictadura, quien encarnó la cara civil del golpe militar, por el secuestro extorsivo del empresario algodonero Federico Gutheim y su hijo Miguel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976, que por tratarse de un delito de lesa humanidad –recordaron los jueces supremos– no prescribe. El fallo firmado ayer también invalidó el perdón presidencial que Carlos Menem concedió al dictador Jorge Rafael Videla y al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, ambos detenidos.

La Corte comenzó en julio de 2007 a derribar la barrera de los indultos concedidos en democracia que todavía impedían juzgar a los represores. Fue en el caso del ex general Santiago Omar Riveros, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión la semana pasada por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Para el alto tribunal “los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”, cuyos tratados obligan a los Estados que los adoptan a “esclarecerlos e identificar a sus culpables”. La resolución de ayer dice que se deben aplicar exactamente esos mismos conceptos a Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy.

Los tres habían comenzado a ser juzgados y estuvieron detenidos en 1988 por el secuestro de los Gutheim, detenidos ilegalmente para ser forzados a renegociar un contrato de exportación, frustrado, con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong, del que la dictadura quería beneficiarse (ver página 2). Pero el indulto de Menem dejó el proceso judicial trunco. Para la Corte, los indultos dieron lugar a la “impunidad”, un concepto que definió como “la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Es “la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena”, describió el tribunal, con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones internacionales.

La causa sobre los Gutheim se reabrió en 2006, cuando el juez Norberto Oyarbide aceptó un reclamo de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. Luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de los indultos en danza. Luego lo hizo la Sala II de la Cámara Federal. Los acusados llegaron a la Corte con un recurso extraordinario, que ayer la mayoría rechazó. En cambio, respaldó la decisión de retrotraer todo al momento previo a los indultos y anular los sobreseimientos.

Federico Gutheim tenía una empresa textil, Sadeco. Para darle aspecto de legalidad a su detención y la de su hijo, Videla y Harguindeguy la ordenaron por decreto. Martínez de Hoz está señalado como quien dio la orden de mantenerlos cautivos durante cinco meses y dos días. La Secretaría de Derechos Humanos pedirá ahora la detención del creador de la plata dulce. En tribunales, todo el mundo da casi como un hecho que Oyarbide daría ese paso en cuanto vuelva la causa a su despacho. “Martínez de Hoz fue el verdadero jefe civil del golpe terrorista del 24 de marzo, costó mucho llegar a la nulidad de su indulto”, le dijo el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Página/12. “Se trata de una figura emblemática como autor del proyecto económico que tenía por finalidad la dictadura: la aplicación de la política económica del ajuste, para lo cual se valía de la rebaja escandalosa del ingreso, el desmantelamiento del Estado, la concentración monopólica del capital financiero y necesitaba del disciplinamiento de la sociedad mediante el terrorismo de Estado, con su secuela de muertes y desapariciones”, agregó el funcionario.

Videla está preso por varias causas, entre ellas porque está cumpliendo la condena del juicio a las juntas. Harguindeguy fue detenido hace dos años –por orden de la jueza María Servini de Cubría, en días que subrogaba a Oyarbide–, cuando un guardavidas lo vio tomando sol en Pinamar. Pero ahora está siendo sometido a pericias médicas para determinar si está en condiciones de ser juzgado.

Martínez de Hoz, además de ser candidato al arresto, deberá recibir sentencia. La caída del indulto que lo amparó podría favorecer el avance de otras causas en su contra: en una, a cargo de Ariel Lijo, está acusado como jefe civil del golpe de 1976; en otra, que también instruye Oyarbide, se lo vincula con el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones durante su gestión en Economía. Casariego fue secuestrado tras negarse a firmar un dictamen para la nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

La resolución suprema que ayer anuló indultos fue firmada –igual que el fallo de 2007 sobre Riveros– por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay no se pronunciaron. Los dos primeros convalidaron los indultos en los noventa. Argibay acuerda con la inconstitucionalidad, pero habría objetado el modo en que fue planteada.

El abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, dijo que “la importancia de este fallo radica en que por primera vez se podrá juzgar al ministro de Economía de la dictadura por crímenes de la represión ilegal y esto permitirá dejar en claro los verdaderos motivos de la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención”.