La pérdida de derechos políticos se aplicará aunque el condenado tenga derecho a presentar un recurso a una instancia superior, lo que representa uno de los puntos más novedosos de la ley contra la corrupción. Si el afectado presentara un recurso para evitar la pérdida de sus derechos políticos, el Superior Tribunal de Justicia lo deberá analizar con carácter de urgencia, lo que supondrá acortar los plazos y acelerar el ingreso en prisión, en caso de que se le juzgue culpable.

Tampoco se podrán presentar a las elecciones los magistrados y fiscales que hayan sufrido sanciones disciplinarias o que hayan dimitido para evitarlas, una práctica habitual.

En el pleno de la Cámara Alta, el senador Demóstenes Torres, del partido Demócratas, calculó que la ley podría cancelar la candidatura de "por lo menos uno de cada cuatro" de los políticos que se presentarán a las elecciones del próximo octubre, cuando los brasileños elegirán al sucesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a los gobernadores de 27 estados del país, a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, a una parte de los senadores y a los miembros de todas las asambleas legislativas regionales.

La ley se originó en una iniciativa popular, apoyada por 44 organizaciones de derechos civiles y que tuvo el respaldo de 1,6 millones de firmas, una cifra que permitió elevarla al Congreso. El movimiento popular surgió tras la serie de escándalos de compra de votos de parlamentarios y desvío de dinero que afectaron al gobierno de Lula en 2005 y que llevaron al banquillo a tres de sus ex ministros, además de varios diputados e importantes dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT).

El proyecto fue aprobado hoy por unanimidad en el pleno del Senado y, para su entrada en vigor, tan solo necesita pasar por la sanción presidencial. La medida previsiblemente no se podrá aplicar para los comicios del próximo octubre, puesto que la legislación brasileña indica que cualquier cambio en las normas electorales debe entrar en vigor con un año de antelación. No obstante, la Orden de Abogados de Brasil, uno de los promotores del proyecto, considera que sí se podría aplicar de forma inmediata, siempre y cuando la sanción se realice antes del 10 de junio, fecha en la que comenzarán a celebrarse las convenciones de los partidos que supondrán el inicio de la campaña.