13:33 › PROTESTA CONTRA EL AJUSTE
Dos millones de usuarios se vieron afectados la capital de España por una huelga de subterráneos que provocó el cierre de sus estaciones, en la segunda de las tres jornadas de paro convocadas por Comisiones Obreras.
La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la región de Madrid decidió cerrar las estaciones debido a los piquetes, que impidieron la salida de trenes por el paro de sus trabajadores, que acordaron este lunes en asamblea no respetar los servicios mínimos.
Según informó un portavoz de la Consejería de Transporte, esa medida podrá ser paliada en parte por las líneas de autobuses y el tren de Cercanías que, tienen "capacidad de reacción" y podrán aumentar los viajes y frecuencias de sus líneas.
La huelga ocasionó hoy muchos más trastornos que el lunes, cuando sí se cumplieron los servicios mínimos. Así, muchos madrileños tuvieron que modificar sus habituales planes de viaje para ir al trabajo y protagonizaron largas colas en las paradas de autobuses, que circularon abarrotados a primera hora.
Además, numerosos ciudadanos decidieron salir antes de casa ante la dificultad de movilidad por la huelga en el metro, lo que aumentó la densidad de circulación en las carreteras de acceso a la capital.
La huelga "se está desarrollando tal y como esperábamos", comentó a Efe el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Metro, Ignacio Arribas.
La asamblea de trabajadores del metropolitano madrileño acordó el lunes por la noche "casi por unanimidad" no respetar los servicios mínimos del 50 por ciento establecidos.
Las centrales hicieron esta convocatoria de paros a los 7500 empleados de Metro para protestar por el recorte salarial propuesto por el Gobierno regional con el objetivo de reducir déficit.
La Asamblea de Madrid aprobó este lunes la ley que permite la bajada de los sueldos de los funcionarios y empleados públicos, que será de un 5 por ciento de media y, aunque en la ley se incluyó un apartado que permite que el recorte para los empleados del Metro sea del 2,15 por ciento, la medida ha sido insuficiente para acercar posturas entre los representantes sindicales y la empresa.
Los sindicatos sostienen que es una "ilegalidad" que el Gobierno regional rebaje salarios negociados en un convenio.
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