Con la presencia de los 31 imputados de las dos causas, UP1 y Gontero, que se debate en este tercer juicio que se realiza en Córdoba en los últimos tres años, la audiencia fue habilitada a las 10.40 por los jueces del Tribunal Oral Federal 1 (TOF1).

El debate se extendió hasta las 18.10 con las formalidades de ley que vinculadas a la lectura de la acusación y de la parte resolutiva del auto de elevación a juicio, tras lo cual pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9.30.

En las extensas conclusiones que surgen de la instrucción de las causas y que constan en la acusación fiscal, se sostiene que el "aparato represivo" había instalado el "terrorismo de Estado a partir del golpe del 24 de marzo de 1976" y que, en este caso, tenía como máximo responsable a Videla y se "extendía a los distintos niveles de mando".

Añade que "la toma ilegal del control de las instituciones del país se pergeñaron acciones secretas, de modo clandestinas y anormales hasta convertirse en una práctica sistemática para el aniquilamiento de personas con pensamiento distinto".

En otro de los párrafos se sostiene que "para ejecutar el aniquilamiento de los grupos políticos y sociales se utilizó toda la maquinaria y logística militar y de poder", a la vez que resaltaron que "el sigilo y la clandestinidad fue ejercido como política de Estado" por los represores militares.

En ese contexto se agrega que el accionar se apoyaba en un "sistema jurídico secreto para legalizar el secuestro, la tortura y en muchos casos la muerte simulando situaciones inexistentes", como así también para la "supresión de identidad de los niños" de las víctimas.

En cuanto a las maniobras criminales, se menciona como ejemplo la causa UP1, uno de los hechos de este juicio en donde fueron fusilados 31 presos políticos simulando una fuga de la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) entre abril y octubre de 1976.

Videla y Menéndez son los dos principales imputados de la causa UP1 por los delitos de `homicidio calificado, imposición de tormentos seguido de muerte y tormentos agravados`.

Por acumulación de causas en este proceso, se juzga también los hechos del expediente `Gontero` por los delitos de `privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos` y tiene como principal imputado a Menéndez, junto a ex policías del Departamento de Informaciones Policiales (D2).

La sala de audiencia, con capacidad para alrededor de 120 personas, estuvo colmada con la presencia preponderante de representantes de organizaciones civiles, de derechos humanos y de familiares de las víctimas.

También estuvieron el secretario de los Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde; el intendente capitalino, Daniel Giacomino; el viceintendente Carlos Vicente; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez y la diputada nacional del Frente para la Victoria de Córdoba, Carmen Nebreda, entre otros.

Duhalde calificó como "muy importante" a este nuevo juicio "tanto por crímenes que se juzgan, como por los represores sentados en el banquillo de los acusados".

"Deben ser juzgados todos los responsables, sean militares, civiles o policías; los que hayan sido miembros o los que hayan consentido" estos delitos, en tanto de aquí a fin de año van a desarrollarse otros juicios importantes.

El abogado Martín Fresneda, de la Agrupación Hijos y uno de los querellantes en este proceso de enjuiciamiento, calificó como `histórico` este tercer juicio en Córdoba, particularmente por el juzgamiento a Videla, a quien calificó como "uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el país".

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por Jaime Díaz Gavier (presidente), Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo (vocales).

La acusación está a cargo de los fiscales Maximiliano Hairabedían y Carlos Gonella, en tanto que en la sala participan del juicio 3 defensores oficiales, 11 defensores particulares y 11 abogados querellantes.