El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba comenzará a juzgar hoy a las 9.30 al dictador Jorge Rafael Videla. Se trata del primer proceso al ex presidente de facto desde el juicio a los ex comandantes, hace un cuarto de siglo, cuando la Cámara Federal porteña lo condenó a la pena de prisión perpetua. Junto al ex militar de 84 años se sentará en el banquillo de los acusados Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con tres condenas a prisión perpetua en el haber, más otros veintinueve militares retirados, ex policías (incluida una mujer) y un médico civil. Rendirán cuentas durante seis meses por los fusilamientos de presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba y por las torturas a cinco policías provinciales y al hermano de uno de ellos por parte de agentes del Departamento de Informaciones (D2) de la propia fuerza.

Símbolo máximo de la junta militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó a la presidenta Isabel Martínez de Perón, Videla estuvo preso entre 1985 y 1990, cuando lo indultó el ex presidente Carlos Menem. A partir de 1998 gozó de arresto domiciliario en la causa por el plan sistemático de robo de bebés y dos años atrás el juez federal Norberto Oyarbide ordenó su traslado a la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, custodiada por el Servicio Penitenciario Federal pero exclusiva para militares en desgracia. Desde la semana pasada, Videla aguarda en el penal de Bower el comienzo de su primer juicio oral y público desde la reapertura de las causas.

Menéndez también fue indultado por Menem. Estaba procesado pero sin condena. Desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reanudación de los procesos ostenta el record de juicios y de condenas a perpetua: dos en Córdoba y otra en Tucumán, donde aún afronta su segundo juicio por torturas y asesinatos en la Jefatura de Policía, que concluirá dentro de dos semanas. Menéndez acostumbra leer una apología de sus crímenes al comienzo de cada juicio y durante las “últimas palabras” previas a cada sentencia, en las que admite su responsabilidad sobre los trabajos sucios de sus subordinados. A partir de mañana, por primera vez, afrontará un juicio junto a un ex militar de mayor jerarquía.

El proceso que conducirán los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lescano y José Pérez Villalobos (ambos como subrogantes), es el mayor de la historia argentina en términos de represores imputados y surge de la elevación de dos expedientes que se instruyeron por separado. La causa “UP1” reúne los asesinatos entre abril y octubre de 1976 de veintisiete presos políticos de la cárcel de San Martín, crímenes que se publicitaban en comunicados como producto de “intentos de fuga”. A diferencia de la mayor parte de las víctimas de la dictadura, se trataba de militantes detenidos antes del golpe de Estado y registrados, no desaparecidos. Otras tres víctimas fueron torturadas y asesinadas en la sede del D2, al lado de la Catedral y del Cabildo. Un cuarto no fue visto en cautiverio, pero llegó a la morgue acribillado a balazos. En la segunda causa, denominada “Gontero”, se investigaron los secuestros y las torturas a cinco policías y el hermano de uno de ellos, todos estudiantes universitarios, por parte de sus camaradas del D2.

Por los tormentos agravados y los homicidios calificados en UP1 serán juzgados, además de Videla y Menéndez, los generales Vicente Meli (jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Aerotransportada 4) y Víctor Pino Cano (jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II); el coronel Osvaldo César Quiroga (jefe de operaciones especiales del centro clandestino La Perla); los tenientes coroneles Carlos Poncet (jefe de personal de la Brigada), Jorge González Navarro (jefe de asuntos civiles), Eduardo Raúl Fierro (alias Francés, ex jefe de la división inteligencia de la Brigada), Juan Emilio Huber (jefe de la Compañía de Policía Militar 141) y Enrique Pedro Mones Ruiz; los mayores Adolfo Gustavo Alsina (ex miembro de la CPM 141), Francisco Pablo D’Aloia y Miguel Angel Pérez (asesino confeso del preso político Raúl Augusto Bauducco); el suboficial mayor Carlos Hiber Pérez, el suboficial principal José Antonio Paredes (ambos ex PM 141) y el médico José Felipe Taliv, el único civil imputado, que prestó servicios en la división medicina legal de la policía. Por la misma causa serán juzgados el comisario mayor Luis Alberto Rodríguez, los sargentos Marcelo Luna y Ricardo Cayetano Rocha, y el oficial ayudante Juan Eduardo Molina, todos ex miembros del D2.

Cinco policías están imputados en ambas causas. Se trata de Miguel Angel “Gato” Gómez (condenado en 2009 a 16 años de prisión por las torturas y el asesinato de Ricardo Fermín Albareda), Carlos Alfredo “Tucán Grande” Yanicelli (encargado de la división investigaciones y miembro de la plana mayor de la policía de Córdoba hasta 1997), el comisario Jamil “Turco” Jabour, el sargento Calixto Luis “Chato” Flores (absuelto en el juicio por el asesinato de Albareda) y el cabo primero Alberto Luis “Chatarra” Lucero.

Sólo por las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos en la causa “Gontero” llegan a juicio, además de Menéndez, el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez (ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141, condenado a 22 años de prisión en la causa “Brandalisis”, pena que cumple adentro de su casa de Mendoza), los oficiales del D2 Rodolfo Gustavo Salgado, Fernando Martín “El Tuerto” Rocha y José Eugenio San Julián, el suboficial Luis David “Moro” Merlo y la ex cabo Graciela “Cuca” Antón, sindicada como quien daba los tiros de gracia a los camaradas condenados por sus pares.