Los magistrados Carlos Jiménez, Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi consideraron, también, que Menéndez fue responsable de los delitos de tortura seguida de muerte en perjuicio de dos personas, y homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad, en perjuicio de 19 víctimas, delitos calificados de "lesa humanidad".

El Tribunal, asimismo, condenó a prisión perpetua al ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC) de la Policía tucumana, Roberto Heriberto "El tuerto" Albornoz. En su caso, los magistrados lo calificaron como coautor material y penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de cuatro personas; aplicación de tormentos agravados en perjuicio de 17 personas; torturas seguidas de muerte, en desmedro de otras dos, y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad, en perjuicio de otros 20 ciudadanos. Se dispuso, además, luego de que fuera derogada la prisión domiciliaria de la que gozaba, su inmediata detención en la cárcel de Villa Urquiza.

Aunque los fundamentos de la sentencia se difundirán el 23 de agosto, Menéndez será trasladado a Córdoba, donde afronta otro juicio oral y en el que ya está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Bower, en cumplimiento de una condena anterior.

En cuanto a los ex policías Luis y Carlos de Cándido, el Tribunal les impuso penas de 18 y 3 años de prisión respectivamente. En el primer caso, también ordenó la detención inmediata en la cárcel de Villa Urquiza, en tanto que a su hermano le concedieron la ejecución condicional.

Uno de los hechos más ponderados por el fiscal federal Alfredo Terraf y por los abogados de las víctimas, a quienes se les había concedido el carácter de querellantes, fue el testimonio de Juan Carlos Clemente, quien facilitó la documentación confeccionada por el SIC, donde cumplió funciones luego de haber sido secuestrado en julio de 1976.

En las carpetas suministradas por Clemente figuraban los nombres de 293 detenidos en la Jefatura de Policía, de los cuales 195 figuran con la sigla "DF", que significaba Disposición Final, la muerte. En otros casos constaba que habían quedado en libertad o que habían pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Si bien originariamente los imputados eran 7, durante el desarrollo del proceso murieron los ex militares Albino Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo, mientras que Antonio Bussi, ex titular de la V Brigada de Infantería, debió ser apartado del juicio debido a razones de salud. Según establece el Código Procesal Penal de la Nación el juicio contra él continuará cuando desaparezcan las razones que ahora impidieron su juzgamiento.

Bussi y Menéndez ya habían sido condenados, también a perpetua, en el primer juicio desarrollado en la provincia, por la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hecho ocurrido en 1976.