La franco-colombiana pide como indemnización por 5822 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares), mientras que otra demanda fue presentada por la madre de Betancourt, Yolanda Pulecio, y los hijos de la ex rehén por 9600 millones de pesos (unos 5,1 millones de dólares).

El gobierno explicó en un comunicado que no hay elementos para conciliar con Betancourt y su familia por los daños ocasionados durante su secuestro.

"El Ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la 'operación Jaque' (en la que fue liberada Betancourt)", precisó un comunicado. Según el informe del Ejecutivo, el Ministerio de Defensa recibió las dos solicitudes de conciliación extrajudicial, el pasado 30 junio.

Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002, cuando se movilizó por una carretera hacia el municipio de San Vicente del Caguán (sur). En ese momento, el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) rompió los diálogos de paz con las FARC.

"Como es de conocimiento público, la doctora Betancourt, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, donde tenía un acto en desarrollo de su campaña política", comentó el Ministerio de Defensa.

La prensa local dijo que la "Procuraduría recibió una solicitud para conciliar la demanda como requisito para presentarlas a los tribunales. Si no se llega a una conciliación entre el Estado y Betancourt el caso pasará a un tribunal que decidirá cómo proceder".

La ex congresista fue liberada en la "Operación Jaque", realizada el 2 de Julio de 2008, junto con otras 14 personas, entre ellas tres contratistas estadounidenses de un plan antinarcóticos. Entretanto, el presidente Álvaro Uribe "está molesto por la decisión de Betancourt", comentó la prensa.

A su turno, el ex comisionado de paz de Pastrana, Camilo Gómez, manifestó que Betancourt firmó un documento en 2002 en el que ella se responsabiliza de su seguridad y rechaza las advertencias del gobierno y las Fuerzas Militares de ese momento de no transitar por tierra entre las localidades de Florencia y San Vicente del Caguán.

"El día en que fue secuestrada la ex candidata presidencial llegó a un retén militar en el que se le impidió el paso, ya que era una zona de conflicto y de alta peligrosidad. En el retén ella firmó un documento en el que asumía la responsabilidad de los que le pasara", puntualizó Gómez.

La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro le garantizaron su seguridad.

Por su parte, el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, se mostró indignado por la millonaria indemnización que pidió Betancourt y su familia. "Como víctima del secuestro, es una puñalada que le clavan a las personas de la fuerza pública que han muerto rescatando colombianos, a todos los que hicieron esa operación arriesgando sus vidas y a todos los que hemos sufrido el secuestro", indicó.

El pasado 2 de julio, Betancourt celebró en Bogotá el segundo año de la "Operación Jaque" junto a las autoridades colombianas y los otros militares y policías que fueron liberados en esa acción.