"La Justicia Federal sabía cómo trabajaba la D2", sostuvo Yanicelli ante el Tribunal y pidió ser sometido a un "careo" con los funcionarios judiciales y con quienes lo sindican como responsable de las torturas y asesinatos cometidos en aquella dependencia. "No participé de acciones ilegales", se defendió el ex policía sindicado como uno de los torturadores de la D2, y agregó que "no hubo reproche alguno de la Justicia" sobre su actuación.

Asimismo negó que el D2 fuera un "centro clandestino de detención y, si lo fue, desconozco los resultados de la investigación, si es que la hubo". Más adelante se preguntó que "si los jueces se enteraban por los diarios de lo que pasaba, por qué no investigaron". En otro tramo de su declaración presentó una fotografía con el objetivo de "probar" que el entonces escribiente del Juzgado Federal 2 y actual camarista Federal en Córdoba, Luis Rueda, "trabajaba desde pinche para los servicios de inteligencia" de las fuerzas armadas.

En la misma jornada declaró el ex agente Juan Eduardo Molina, quien siguió la misma estrategia que Yanicelli, y trasladó la responsabilidad de la "represión a los subversivos" a la Justicia. "No combatíamos jóvenes idealistas, combatíamos jóvenes delincuentes", sostuvo Molina al referirse a los detenidos alojados en la D2.

Dos de los abogados defensores le solicitaron al Tribunal que gire las actuaciones a la Fiscalía de turno para que investigue si los funcionarios judiciales citados por los imputados cometieron o no delitos de lesa humanidad. La ex jueza Cristina Garzón de Lascano será una de las testigos del proceso, sindicada como una de las funcionarias que tenía conocimiento sobre los actos represivos cuando actuaba como Secretaria de la Justicia Federal.

En la audiencia de hoy completaron su derecho a declarar los últimos 11 imputados, y mañana comenzará la ronda de testimoniales con las declaraciones de cuatro testigos.

Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez son los principales imputados de la causa "UP1-Videla" por el fusilamiento de 31 presos políticos alojados en un penal de la ciudad de Córdoba (UP1), ocurridos entre abril y octubre de 1976 y deben responder por los delitos de "homicidio calificado, imposición de tormentos seguido de muerte y tormentos agravados", junto con otros 23 acusados.

En el expediente "Gontero-Menéndez" el principal imputado es Menéndez, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos", cometidos por ex policías del Departamento de Informaciones de la Policía(D2).