El secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Miguel Baronetto, viudo de Marta Juana González, una de las 31 víctimas fusiladas en la UP1, fue el primer testigo en declarar. Relató ante el Tribunal que fue secuestrado el 15 de agosto de 1975 junto con su esposa, y que luego de ser torturados en dependencias de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales) ambos fueron alojados en la Penitenciaria, lugar donde nació su hijo Lucas Ariel el 16 de julio de 1976. Baronetto afirmó que llegaba al juicio "sin odios ni venganzas" y sostuvo que desde hace 34 años lo único que espera es "saber quién mató a mi esposa". "Llego a este juicio con esperanzas de que los responsables sean condenados". Baronetto añadió que se enteró a través de otros detenidos que su esposa había sido fusilada en un "intento de fuga" fraguado en octubre de 1976.

El dictador Jorge Rafael Videla y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, deben responder acerca de los fusilamientos en la Penitenciaria del barrio San Martín, y el caso Gontero, causa en la que el segundo está imputado de los delitos de 'privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos', cometidos por ex agentes del Departamento de Informaciones Policiales (D2) en contra de sus propios camaradas.

Baronetto, quien en el momento en que fue secuestrado era seminarista, relató que antes de ser trasladado con su mujer desde la D2 a la UP1 les permitieron dejar a su hija de 10 meses en la casa de una vecina. Durante su permanencia en la D2 identificó como torturadores a los policías Juan Carlos Cerutti, Ricardo Cayetano Rocha y Carlos Yanicelli. De acuerdo con los datos que constan en la causa, Marta Juana fue sacada de la cárcel junto con otros 5 detenidos, amordazados, atados y encapuchados, y fueron fusilados en un descampado de la ciudad de Córdoba. Su viudo agregó que a medida que se se producían los asesinatos de sus compañeros de cautiverio "tomamos conciencia de la advertencia que nos hizo, en abril de 1976, el general Juan Bautista Sasiaín -ex jefe del Estado Mayor del Área 311-. Nos advirtió que no nos pusiéramos contentos porque nos iban a matar a todos hasta que nos arrepintiéramos de haber nacido".

El actual secretario de Derechos Humanos de la capital mediterránea recordó que todas las gestiones realizadas a través de la iglesia católica y de la justicia federal para conocer la suerte de los presos "trasladados" desde la UP1 fueron infructuosas, inclusive las realizadas por su propia familia acerca de su esposa. Y agregó que tanto el entonces juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma, el secretario, Carlos Otero Alvarez, y el defensor oficial, Luis Molina, coincidieron en manifestarle que no podían hacer nada por su situación, y le recomendaron que cuando recuperara la libertad se fuera del país y se olvidara del tema.

Luego de pasar por varios centros de detención, Baronetto fue liberado en 1983, cuando comenzó a "peregrinar por la Justicia, hasta llegar a este juicio, en el cual tengo puestas todas mis esperanzas para que quienes secuestraron y fusilaron a mi esposa reciban el castigo que por ley les corresponde".