Unos 1300 presos del Complejo Carcelario (Comcar), en Montevideo, se sumaron a la huelga de hambre que el lunes habían iniciado los detenidos de los penales de Canelones y Rocha, una cárcel a 200 kilómetros de Montevideo, donde se produjo el incendio en el que murieron 12 hombres el jueves pasado.

El hecho desnudó la situación de crisis del sistema carcelario uruguayo, tras lo cual el Parlamento aprobó la Ley de Emergencia Carcelaria con la que habilita a usar 15 millones de dólares para la construcción de nuevos establecimientos penales y la remodelación de los ya existentes.

La protesta, en reclamo por las muertes y la agilización de las causas judiciales, consiste en que los detenidos "no retiran el alimento" pero "toman líquido", precisaron los voceros de Comcar, que aclararon que la medida se realiza en forma "absolutamente pacífica".

El ayuno "no tiene un plazo, recién comienza y lo harán hasta que ellos lo entiendan pertinente", añadieron.

Por su parte el ex presidente por el Frente Amplio Tabaré Vázquez, que cedió su cargo cuatro meses atrás a José "Pepe" Mujica, asumió hoy su cuota de responsabilidad por la crisis de las cárceles y apoyó la Ley de Emergencia pero dijo que no deben esperarse "milagros".

"Tenemos nuestra responsabilidad pero recibimos una situación, no la creamos" y "asumo toda la responsabilidad de mi gobierno", dijo Vázquez, quien consideró al problema carcelario "muy complejo, de larga data y de difícil solución".

Rocha, donde fallecieron los 12 presos, aloja a 151 detenidos cuando su capacidad es para no más de 60, aunque es sólo un ejemplo del hacinamiento que se vive en las cárceles uruguayas. Según estadísticas oficiales, las prisiones albergan actualmente a unas nueve mil personas, cuando tienen capacidad para cinco mil.