"La declaración del 17 de febrero de 2008 no violó el derecho internacional general", afirmó el presidente de la CIJ, Hisashi Owada, en un dictamen no vinculante del tribunal con sede en La Haya solicitada por la Asamblea General de la ONU.

En declaraciones anteriores a la lectura del fallo, el ministro serbio de Relaciones Exteriores, Vuk Jeremic, había advertido que todas las fronteras del mundo correrían peligro en caso de la CIJ diera su apoyo a la "secesión" de Kosovo, en alusión a otras regiones que podrían seguir sus pasos y proclamarse independiente.

Sesenta y nueve países, incluidos Estados Unidos y 22 de los 27 miembros de la Unión Europea, reconocieron la independencia de Kosovo, que cuenta con 2 millones de habitantes, de los que el 90 por ciento son albaneses. España no lo reconoció.

Serbia no reconoce la declaración unilateral de independencia de Kosovo y lo considera una provincia. Belgrado esperaba un dictamen favorable que permitiría entablar nuevas negociaciones sobre el estatuto de Kosovo.

El gobierno kosovar aguardaba, por su lado, que la CIJ apoyara su declaración de independencia, proclamada el 17 de febrero de 2008, para facilitarle el acceso a los países y a las organizaciones internacionales que todavía no lo han reconocido.

El 8 de octubre de 2008 Serbia consiguió que la Asamblea General de las Naciones Unidas recurriera a la CIJ para que dictaminara si la independencia de Kosovo era legal.

Del 1 al 11 de diciembre de 2009, Serbia, Kosovo y 29 Estados, entre ellos Estados Unidos y Rusia, participaron en una audiencia oral en La Haya.

La guerra de 1998-1999 entre las fuerzas de Belgrado y los independentistas kosovares dejó unas 13.000 víctimas, en su mayoría albaneses de Kosovo. Un total de 1862 personas siguen dadas por desaparecidas.