Ugolini fue propuesta por Macri, pese a las impugnaciones de la oposición porteña, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, que cuestionaro sus dictámenes como fiscal de Cámara por ir en contra de derechos sociales, laborales, de salud, entre otros. Seis fallos ordenaron detener el procedimiento.

Sin embargo, los jueces Ana María Conde, Luis Lozano, José Casás y Elizabeth Marum, más la magistrada Alicia Ruiz, que falló en disidencia, consideraron que la Justicia porteña no puede impedir a los otros poderes cumplir con su misión constitucional, en tanto que remarcaron que los jueces del fuero contencioso-administrativo y tributario local, Elena Liberatori, Roberto Gallardo y Guillermo Scheibler, invadieron ámbitos propios de la Jefatura de Gobierno y de la Legislatura.

El fallo sostuvo que las medidas cautelares que frenaban la designación de Ugolini "invade ámbitos propios de los legisladores y del jefe de Gobierno excediendo en mucho el control que compete a los jueces sobre actos de los otros órganos, lo que configura un conflicto de poderes".

El conflicto se había desatado en 2009 cuando Macri propuso a Ugolini para participar del proceso de selección, nomunación y nombramiento del juez que reemplazaría a Julio Maier en el Tribunal Superior.

Desde los juzgados en lo contencioso administrativo se dictaron varias cautelares destinadas a suspender el desarrollo del trámite de designación de Ugolini, pese a lo cual la Legislatura convocó a la audiencia pública prevista en el procedimiento el día 30 de octubre del 2009.

A raíz de ello, se sucedieron nuevas medidas judiciales, allanamiento de la Legislatura, secuestro del libro de Actas de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y del expediente vinculado con el nombramiento, y hasta denuncias por desobediencia a la Justicia y multas a legisladores.

"Cada uno de los poderes del Estado debe actuar, en su ámbito, bajo estricta legalidad y sus actos deben estar desprovistos de cualquier mácula que pueda empañarlos, más aún los de trascendencia institucional, como lo son los que forman parte del proceso de designación de un magistrado del Tribunal Superior; en especial si se repara que la Constitución ha pautado un mecanismo específico para despejar la cuestión", sostuvo el tribunal.

"Las diversas medidas cuestionadas constituyen un directo menoscabo de la inmunidad con que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires protege a los legisladores y, asimismo, interfieren con el tratamiento legislativo de un requerimiento del Poder Ejecutivo", agregó la resolución.