El fallo del TSJ dio lugar al planteo de "conflicto de poderes" que promovieron desde la Legislatura y del Ejecutivo frente a las consideraciones que realizaron cinco jueces del fuero contencioso administrativo porteño respecto de la postulación de Ugolini para reemplazar la vacante que dejó Julio Maier en octubre de 2009.

Tanto el Parlamento porteño como el Ejecutivo fundamentaron la denuncia al considerar que Gallardo, Liberatori, Patricia López Vergara y Guillermo Scheibler avasallaron su labor al frenar, con sendos fallos, el proceso de postulación de la fiscal Ugolini.

"Ninguna de las medidas judiciales afectó o impidió o impide que la Legislatura trate el pliego de Ugolini", explicó Liberatori, quien calificó el fallo como un "precedente disciplinador" de parte del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

"Llama la atención que la voluntad disciplinadora del Ejecutivo se vea acompañada por la mayoría del Tribunal Superior", advirtió la jueza.

En coincidencia, López Vergara señaló que "no hubo incidencia en el procedimiento" de postulación por parte de desde la Justicia, lo que quedó demostrado, según evaluó, con la realización, en octubre pasado, posterior a las decisiones de los magistrados porteños, de una audiencia pública en la Legislatura, para debatir el pliego de postulación.

Por su parte, Gallardo sostuvo que la decisión del Tribunal, de la cual aún no fue notificado formalmente, "genera zonas de descontrol, donde no va a haber posibilidad de que el Poder Judicial intervenga".

"Para el futuro, mete a nuestra actividad en una caja de sorpresa", añadió y adelantó que llevarán su situación ante la Corte Suprema de Justicia nacional o "eventualmente la Corte Interamericana".

"Es institucionalmente importante que se conozca esto, un episodio desgraciado para una justicia que cumple diez años", concluyó Liberatori.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, el macrista Gerardo Ingaramo, sostuvo que "el conflicto de poderes era evidente e insostenible: los magistrados han avasallado las instituciones al haber allanado la Legislatura, ordenado a legisladores cómo votar y denunciado penalmente a diputados de la Ciudad".

"El fallo es relevante para las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, el máximo Tribunal convalidó todo lo actuado por la Legislatura y dejó en evidencia el accionar prepotente y avasallador de algunos jueces del fuero contencioso y administrativo local, en el caso de la elección de Ugolini", afirmó Martín Borrelli, presidente de la Comisión de Seguridad.