Ya los expertos habían adelantado que la tarea de llevar a los mineros a la superficie, desde los casi 700 metros en que se encuentran en la mina San José podría llevar unos 120 días.

Los encargados del rescate proceden a instalar la maquinaria que debe excavar un conducto de cerca de 70 centímetros de diámetro por el que serán rescatados los trabajadores.

Tras el acto religioso, celebrado en el Patio de Los Cañones del Palacio La Moneda, donde se instalaron 33 banderas y una imagen de San Lorenzo, patrono de los mineros, Sebastián Piñera reiteró que el gobierno seguirá haciendo "todo lo humanamente posible" para tener a los mineros en la superficie a finales de año.

Consideró que los 33 obreros "están pulidos, con fe, luchando y preocupados de los otros mineros que también estaban dentro de la mina y que ellos no sabían si habían logrado alcanzar la superficie".

"Es un ejemplo de cómo queremos que sea nuestro país", dijo. También agradeció a las familias de los mineros, que desde el primer día aguardan a la entrada de la mina, "porque su fe movió montañas y a todos los chilenos, que tomaron este dolor como suyo".

"Hoy quiero agradecer la ayuda que Dios nos dio y la ayuda de tanta gente que participó en este trabajo", indicó Piñera, que también destacó los llamados telefónicos que ha recibido de otros jefes de Estado.

"Presidentes de todas partes del mundo, de Perú, Colombia, España y muchos más han llamado, emocionados con la noticia de que los mineros estaban vivos", dijo.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció que pedirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que emprenda acciones judiciales para recuperar los gastos en que ha incurrido el Gobierno en la búsqueda y rescate de los mineros atrapados.

La razón es que los dueños de la mina han anunciado que piensan declararse en quiebra y pedir al gobierno que se haga cargo de los sueldos de los trabajadores.

Hinzpeter dijo que para ello se reunirá con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, y también con el presidente de la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), Luis Díaz, que es acreedora de la empresa San Esteban, propietaria de la mina.

El gobierno, dijo, se hará parte en las acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público debido al accidente y hará todos sus esfuerzos para que los propietarios del yacimiento asuman sus responsabilidades.

"No vamos a dejar ningún flanco abierto en materia legal", enfatizó Hinzpeter, que además recalcó que el Gobierno se comprometerá "a hacerles llegar ayuda económica de alguna manera a las familias, que no van a quedar abandonadas".