"El gobierno nombró una comisión de expertos para analizar cómo debe encararse la seguridad en los yacimientos, en la que no está la visión de los trabajadores sino pura gente relacionada con las empresas" explotadoras de cobre, dijo Agustín Latorre, vocero de la Federación. Latorre afirmó que "los trabajadores no tenemos mucha confianza porque la experiencia nos demuestra que siempre se trata de minimizar las responsabilidades de los empresarios" mineros.

Latorre enfatizó que "esto que ocurrió no hizo más que reafirmar las denuncias que hicieron los trabajadores acerca de las condiciones de trabajo, por las que todos los meses muere un trabajador minero y que acumulan 240 muertos en diez años" en la región de Antofagasta. "En Chile muere un trabajador al día por accidentes laborales, pero como son obreros, no cuentan en la prensa", señaló. Latorre dijo que "que este gobierno ha manifestado desde el principio la intención de eludir la vinculación con organizaciones sindicales, relacionándose sólo cuando es imposible desligarse, pero sin allanarse con temas salariales o de condiciones de trabajo".

La Federación Minera propone "la reestructuración del Sernageonmin, garante de la seguridad minera, no sólo incorporando más gente sino cambiando el enfoque, ya que hoy impera un modelo neoliberal que maximiza el beneficio para las empresas reduciendo costos en seguridad y se achican al máximo las instituciones del Estado que tienen que controlar". Con la mayor fiscalización impuesta tras el incidente, "se cerraron varias minas y comenzaron cesantías", alertó Latorre. "No queremos que se cierren las minas sino que, dadas las grandes utilidades que obtienen con el precio internacional del cobre, inviertan en seguridad; si ellos prefieren cerrar las minas, que el Estado se haga cargo a través de Codelco o creando cooperativas", concluyó.

Por otra parte, las querellas que impulsan los familiares son contra el Servicio Nacional de Geología y Minería-Sernageomin y de la empresa dueña del yacimiento de oro y cobre, en tanto "la cámara de Diputados creó una comisión para investigar las distintas responsabilidades respecto al derrumbe de la mina, y eso está en desarrollo", contó el gremialista. Una demanda fue presentada por 20 familias contra Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de la minera San Esteban, a cargo de la explotación del yacimiento San José. Otra, fue interpuesta por Remberto Valdés, abogado de la familia del minero Raúl Bustos, que apunta contra la empresa por "lesiones" y contra el Sernageomin por el delito de "prevaricato".

Fuentes gubernamentales afirmaron que el rescate de los mineros demandará unos 10 millones de dólares. Aunque hasta ahora el gasto fue asumido por las autoridades y privados, el gobierno chileno señaló que la empresa San Esteban, dueña de la mina San José, deberá asumir el costo final de la operación de rescate, aunque la firma dijo no contar con los recursos.