Cristina definió a los medios de comunicación como "bienes sociales y culturales" y afirmó que la nueva ley de comunicación audiovisual "está en marcha". La Presidenta afirmó que "una de las condiciones básicas para darle competitividad a la economía y para garantizar la seguridad jurídica es que las actividades no sean monopólicas", y aseguró que el espíritu del anteproyecto que se enviará al Congreso es "lograr que nadie pueda controlar el manejo del papel" en la Argentina. Además, reconoció que "se necesitarán inversiones importantes para aumentar la producción de papel" y garantizó que las provincias tendrán participación en el Consejo Federal de Papel Prensa, a través de los representantes que se rotarán anualmente.

Amado Boudou, a su vez, destacó que la discusión de la iniciativa se propone que el proyecto "sea patrimonio de toda la sociedad, como ocurrió con la exitosa experiencia de la Ley de Medios". El funcionario explicó que, además del proyecto ya presentado en la Cámara de Diputados, el Gobierno impulsa la creación de dos cláusulas transitorias, vinculadas a garantizar la provisión de papel de parte de Papel Prensa. La primera de las cláusulas contempla que la empresa trabaje al máximo de su capacidad instalada, o bien "al máximo necesario para cubrir la demanda" del insumo. Si la empresa no logra abastecer al mercado aduciendo falta de inversión, "será el Estado el que se encargue de poner el dinero para que se cumpla, y gane participación accionaria dentro de la compañía".

El ministro de Economía explicó que, según las cifras que maneja el Estado, dueño del 27 por ciento del paquete accionario de Papel Prensa, la compañía "puede abastecer a todos los medios si trabaja a pleno su capacidad instalada", por lo cual "en principio no habría necesidad de mayores inversiones". Más adelante acusó a los diarios Clarín y La Nación de pretender "licuar el poder del Estado dentro del directorio" de la compañía, impidiendo nombrar a dos de sus directores y participar en la revisión de sus decisiones".

Boudou adelantó también la conformación de una "Comisión Federal Asesora", integrada por un representante de los diarios por cada provincia y dos representantes de los "consumidores", también por provincia, que supervisará el funcionamiento de Papel Prensa, una vez que prospere en el Congreso la iniciativa para declarar de Interés Público la producción, comercialización y distribución del papel.