El gobierno encabezado por el presidente Nicolás Sarkozy decidió ignorar la presión de los sindicatos, que desde inicios de septiembre realizaron seis jornadas de movilizaciones con millones de personas en las calles contra un proyecto de ley "injusto" y que el jueves convocaron a otras dos, una con huelgas el 28 de octubre y otra sólo de protestas, para el 6 de noviembre.

Aunque a la hora de analizar las reformas al sistema previsional, el Ejecutivo francés no dio importancia a las manifestaciones multitudinarias, reconoció que "una vuelta a la normalidad llevará todavía varios días".

Según una encuesta reciente, el movimiento en repudio al aumento en las edades jubilatorias de hombres y mujeres cuenta con el respaldo del 70 por ciento de los franceses, y no se rinden frente a la indiferencia oficial. Los estudiantes universitarios se adelantaron a la intersindical y convocaron para el martes próximo a una jornada de "sentadas", "concentraciones" y "acciones puntuales".

La CGT, principal central sindical del país, denunció como un "obstrucción del derecho de huelga" la intervención policial en la refinería de Grandpuits, del grupo francés Total, a 54 kilómetros de París, que se encontraba bloqueada por los manifestantes. La operación dejó tres heridos según los sindicatos, aunque según el gobierno transcurrió en calma.

Por otro lado, 12 refinerías de Francia se declararon en huelga diez días atrás, hoy seguían bloqueados 14 de los 219 depósitos de combustible del país y el 20 por ciento de las 12.300 gasolineras carecían de material a comerciar, según el ministro de Energía, Jean Louis Borloo.

Sarkozy denunció los efectos económicos del bloqueo de las refinerías y sostuvo que "al tomar como rehenes a la economía, las empresas y la vida cotidiana de los franceses, se destruirán empleos (...) y como siempre serán los pequeños quienes paguen por los demás", sostuvo el mandatario.

Otros sectores registraban perturbaciones, como el tráfico ferroviario y la recolección de residuos en Marsella, Toulouse y Brest.